Un grupo de aproximadamente 50 personas manifestó frente al edificio que ocupa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la zona 14. Entre los participantes estaba Roberto Arzú, hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, fallecido el pasado 27 de abril.
Arzú, exdirigente del equipo de fútbol Comunicaciones, iba acompañado de otras personas, integrantes de su familia y amigos.
#AHORA "No podemos seguir tolerando que @Ivan_Velasquez_ pisotee la soberanía de este país", gritan los manifestantes frente a la @CICIGgt Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/pflr6ALxwK
— PublinewsGT (@PublinewsGT) May 5, 2018
La manifestación en contra de la gestión de Velásquez al frente de la CICIG fue organizada por ciudadanos y se lanzaron en redes sociales varios mensajes con los que se invitaba a miembros del Ejército de Guatemala a participar.
Por medio de un comunicado, las fuerzas castrenses rechazaron haber hecho un llamado a sus integrantes para presentarse a la actividad.
#NACIONALES @Ejercito_GT no participará en protesta frente a la @CICIGgt https://t.co/tz9GRc9bEB pic.twitter.com/tQ3AcX42yp
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Arzú Irigoyen y la CICIG
El alcalde capitalino murió a causa de un paro cardiorespiratorio, lo cual siguió a un infarto que sufrió mientras se encontraba en un club campestre en donde jugaba golf.
Su nombre figuraba en una investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la CICIG, en la cual se buscaba conocer si el Partido Unionista (PU), del cual era fundador, había recibido financiamiento electoral ilícito en el proceso que se desarrolló en 2015.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad planteó hoy un amparo en la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones que declaró no ha lugar solicitud de antejuicio presentada contra el alcalde Álvaro Arzú. #CasoCajaDePandora pic.twitter.com/kHK3y587Q1
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 22, 2018
El caso se denomina #CajaDePandora, y refiere a la posibilidad de que la comuna capitalina hubiese destinado fondos públicos para apoyar de manera financiera las actividades electorales del PU.
Por esos hechos, la Fiscalía y la CICIG solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se retirara el derecho de antejuicio a Arzú Irigoyen, y así profundizar en su posible participación.
El expediente fue trasladado a la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, para que allí se nombrara un juez pesquisidor y se decidiera la situación de Arzú Irigoyen. El análisis finalizó con el rechazo al retiro de su inmunidad.
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