El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció este lunes con relación a la situación actual de Guatemala, y opinó que la gobernabilidad no está pasando por su mejor momento.
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A su criterio, esto es consecuencia de que como sociedad, pero especialmente los tomadores de decisiones, no han aprendido de la lección de 2015 para que la situación cambie.
Según Rodas, reflejo de lo que ocurre es que el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó recientemente que la corrupción e impunidad imperan en Guatemala, y un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos sobre la situación de desigualdad en el país.
Esto genera frustración en la población, mayormente porque no se observan los avances necesarios en temas prioritarios como salud, educación e infraestructura, indicó.
En opinión del magistrado de conciencia, el papel del mandatario Jimmy Morales ha incidido en esta situación, ya que se mantiene la confrontación constante entre el Ejecutivo y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Al ser consultado sobre cuál considera que es el mayor peligro para la gobernabilidad en el país, Rodas respondió: “contradictoriamente, es el accionar del presidente”. Ello porque, según él, debería ser el mandatario quien diera certeza a la gobernabilidad, “pero su actitud y mensajes han sido muy confrontativos” en contra de la CICIG.
“El viernes, en una celebración del Ejército, (su discurso) fue un ataque directo a la comisión, a cuestionarla, en lugar de decir nos están apoyando, trabajemos conjuntamente. Eso nos pone en alerta a todos, (Morales) debería tener su prioridad en educación, salud e infraestructura”, resaltó.
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Y añadió que la inestabilidad política causada desde el propio Estado no da certeza a los inversores.
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Las declaraciones del procurador se dieron hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el cual se intentó tener comunicación vía telefónica con el vocero presidencial Heinz Hiemann para que respondiera sobre lo mencionado en la entrevista, pero no fue posible.
Educación, mandato de la CICIG y atención a migrantes
Rodas destacó que el rol del procurador es ser magistrado de conciencia y supervisor de la administración pública. En ese sentido, destacó que no puede incidir en la toma de decisiones, pero sí observar y emitir las recomendaciones que correspondan a las autoridades.
Sobre el tema de la educación y el anuncio hecho por el magisterio la semana pasada de una suspensión de labores por el no cumplimiento del pacto colectivo, dijo que se hizo el monitoreo correspondientes en los centros educativos. Asimismo, que deben ser el presidente y el ministro de Educación quienes den respuesta sobre este tema.
En tanto, fue cuestionado sobre las diferencias que existen entre la CICIG y Presidencia, acerca de lo cual indicó que el comisionado Velásquez no es diplomático y el convenio que le da vida a la comisión incluye los mecanismos propios de resolver cualquier controversia que surja.
Rodas consideró que valdría la pena pensar en prorrogar para un nuevo período el mandato de la CICIG, que vence en 2019, porque aún hay mucho por hacer en Guatemala por parte de la comisión.
También se refirió a la necesidad de que las autoridades se centren en tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía y que los diputados tengan una "lectura más profunda" del país y que estén conscientes de la situación y la responsabilidad que tienen para legislar.
En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, refirió que hace falta crear políticas para reinserción de los connacionales que son retornados al país para que tengan oportunidades laborales.
De igual forma, se refirió al incidente que involucra al ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, quien se trasladó en helicóptero para ir a votar en la consulta popular por Belice el pasado 15 de abril. Rodas resaltó que se debe garantizar la calidad del gasto.
Finalmente, el procurador fue cuestionado acerca de las posibilidades que observa para que se dé un golpe de Estado técnico, a lo cual respondió que se debe respetar la Constitución Política de la República y que esta contiene los mecanismos para solucionar cualquier situación que pueda darse.
