El viernes 13 de abril, se notificó que se llevarían varias aprensiones solicitadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), autorizadas por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, y que estaban siendo ejecutadas por la Policía Nacional Civil (PNC), pero está fueron frustradas por una fuga de información.
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Al iniciarse los allanamientos para concretar la captura de tres personas supuestamente involucradas en una serie de anomalías que perjudicaron las finanzas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como la adquisición de un lote de ambulancias, las autoridades se percataron de que ninguna de esas tres personas estaban en sus residencias y que al contrario, en uno de los allanamientos estaba presente un abogado de los solicitados por la justicia.
Esta grave situación, detalla el comunicado del Frente Ciudadano, ya se había suscitado, por lo menos en una ocasión anterior, el pasado 24 de febrero, cuando la CICIG y el MP realizaron una serie de operativos relacionados al caso Comisiones Paralelas, donde se encuentra vinculado Roberto López Villatoro “El Rey Tenis”, cuando se allanó el inmueble donde se pretendía capturar a Marlon Rosales, y ya se hallaba un abogado a la espera de la actividad procesal.
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“Nuestro sistema de justicia es vulnerable y decisiones como las tomadas por los Magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo hacen aún más vulnerable, cuando establecen una normativa de acuerdo a la que los jueces deben utilizar un sistema en línea con la PNC para emitir las órdenes de captura”, se asegura en el comunicado.
Según el Frente Ciudadano, el propio Fiscal Juan Francisco Sandoval señaló que esa instrucción puede haber permitido la fuga de información, y reiteró que el MP había venido haciendo advertencias en torno a este sistema que se implementó en enero de este año.
La Cámara Penal de la CSJ está integrada por los Magistrados Josué Felipe Baquiax Baquiax, Delia Marina Dávila Salazar, Néstor Mauricio Vasquez Pimentel, y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, este último aspirante a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que ya fue evaluado de acuerdo a la tabla de gradación establecida por los miembros de la Comisión de Postulación, violentando la norma constitucional.
Además, en el comunicado se agrega que la Constitución Política de la República de Guatemala, el marco legal que prevalece por encima de cualquier otra disposición en el país, define en sus artículos 113 y 207 que son los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad, las únicas razones a las que debe atender el otorgamiento de cargos públicos.
“Esto quiere decir que es responsabilidad de cada integrante de la Comisión de Postulación para la elección Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, examinar las actuaciones de vida de los aspirantes que acreditan los méritos constitucionales de capacidad, idoneidad, honradez, y reconocida honorabilidad, así como verificarlas individualmente, a viva voz, en forma pública, y expresar las razones fundadas para considerar que cada uno de ellos posee o no los méritos constitucionales, votando respecto a cada candidato y excluyendo a quienes no cumplen estos méritos”, se enfatiza.
Contrariamente, los comisionados solo han evaluado a los aspirantes tomando como base una tabla de gradación donde se califican aspectos como la cantidad de títulos obtenidos, de cátedras dictadas, o de eventos académicos en los que hayan participado.
“Nuestro sistema de justicia es vulnerable y la falta de decisiones por parte de instancias como la Corte de Constitucionalidad (CC), lo hacen aún más vulnerable”.
Varios han sido los recursos legales presentados ante tribunales y directamente ante la CC, algunos de ellos desde la misma aprobación de los parámetros establecidos para evaluar a los profesionales que buscan ser electos como Fiscal y Jefe del Ministerio Público (febrero de este año), y siguen sin resolverse.
El comunicado concluye con “Nuestra agenda puntual como Frente Ciudadano Contra la Corrupción nos compromete con hacer todo lo que está en nuestras manos para que se elija un Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que asegure la continuidad de la lucha que se ha llevado adelante.
Si erradicamos la corrupción podremos empezar a construir un verdadero estado de derecho basado en la cultura de legalidad, que fomente la transparencia, elimine la impunidad, y rescate la institución.