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Sala ordena repetir audiencia de primera declaración del exdiputado Roberto Kestler

Kestler se encuentra ligado a proceso y en prisión preventiva por supuestamente estar vinculado en el caso Negociantes de la Salud.

La Sala Tercera de Apelaciones ordenó que se repita la audiencia de primera declaración del exdiputado Roberto Kestler, señalado en el caso Negociantes de la Salud.

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La resolución de la referida sala detalla que se habrían registrado vicios en la diligencia, la cual se llevó a cabo en noviembre de 2017 y estuvo a cargo del entonces juez titular del Juzgado Séptimo Penal, Adrián Rodríguez.

Kestler se encuentra actualmente en prisión preventiva y ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de afluencias.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), indicó que la Sala consideró que había vulneraciones al debido proceso en el sentido de que el togado resolvió dictar auto de procesamiento contra el sindicado indicando que existían elementos suficientes para ello, pero no los explicó y no fundamentó su decisión.

Según la resolución, “el proceso se deberá retrotraer en virtud de que en esa audiencia hubo defectos como que al inicio el juez fijó plazo y, no obstante, no había ligado a proceso a Kestler”, expuso.

De acuerdo con el fiscal, para mañana estaba programada la audiencia de etapa intermedia contra Kestler y el MP estará pendiente de lo que va a ejecutar el nuevo juez Séptimo Penal tras la resolución de la Sala.

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Señalamientos

El diputado separado del cargo Roberto Kestler fue detenido el 3 de noviembre pasado en su vivienda, tras ser señalado por el Ministerio Público (MP) de supuestamente estar vinculado con una estructura delictiva que operaba a lo interno del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Según las investigaciones, los operadores de la red criminal hacían las gestiones para que de forma anómala se le otorgaran contratos a ciertos proveedores de medicamentos a cambio del pago de comisiones.

La Fiscalía detalló que con estas acciones se habrían comprometido los recursos estatales, “distorsionando la legitimidad de los procesos contractuales y generando un posible enriquecimiento ilícito para sí”. Y que además se causó detrimento a la idoneidad en el servicio que debía prestarse a los pacientes.

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