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MP acciona contra resolución de Sala que declaró sin lugar el antejuicio contra Arzú

El Ministerio Público y la CICIG señalan al alcalde Álvaro Arzú de los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este jueves en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra de la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que por mayoría no retiró la inmunidad al alcalde capitalino Álvaro Arzú.

En declaraciones a Emisoras Unidas, Juan Francisco Sandoval, jefe de la referida Fiscalía, detalló que con esta acción se busca que se deje sin efecto la decisión de la sala y se dé vía libre al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigarlo.

El pasado 9 de marzo, la referida sala declaró sin lugar el antejuicio promovido por el MP y la CICIG contra el jefe edil por la posible comisión de los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.

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Los magistrados Jaime González y Beyla Estrada consideraron espurios los señalamientos de los denunciantes, y explicaron que las pruebas presentadas no mostraban indicios suficientes para considerar que podrían existir ilícitos que debían ser investigados.

La única que estuvo a favor de retirarle la inmunidad a Arzú fue la magistrada Zonia de la Paz Santizo, quien resaltó que votó de esa manera para que el Estado pueda cumplir con su función de investigación.

De igual forma, la togada recordó que el antejuicio no tiene como fin descubrir si la autoridad señalada es inocente o culpable de los hechos.

El caso

Según las investigaciones, supuestamente se utilizaron fondos de la comuna capitalina para pagar artículos de propaganda electoral de diferentes partidos políticos, entre estos el denominado Unionista, por el cual Arzú se reeligió como alcalde.

Aparentemente, estos productos eran comprados a una empresa propiedad del fallecido capitán Byron Lima, la cual funcionaba dentro de la cárcel Pavón, en donde él se encontraba cumpliendo condena por el asesinato del obispo Juan Gerardi.

Las pesquisas detallan que entre 2013 y 2015, Lima y personas cercanas a él suministraron bienes y servicios que eran sufragados con dinero de la Municipalidad de Guatemala a través de uno de los fideicomisos.

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