Traficantes de Influencias: Ligan a proceso a tres empresarios

La Fiscalía los vincula con una estructura delictiva que realizaba cobros a cambio de agilizar de forma irregular los trámites de devolución de crédito fiscal en la SAT.

Por Kenneth Monzón

Tres empresarios señalados en el caso Traficantes de Influencias fueron ligados a proceso penal este miércoles, por resolución del Juzgado Décimo Penal.

El juez Walter Villatoro, consideró que Hugo Alberto Molina Bortrán, Luis Alberto Paz Masek y Carlos Enrique Arévalo García deben ser investigados por el delito de cohecho activo. Al último de los mencionados también se le sindica por defraudación tributaria.

Los empresarios fueron capturados la semana pasada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tras retornar al país.

Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estas personas estarían vinculadas con una estructura criminal que realizaba cobros ilegales a cambio de agilizar los trámites de devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

A disposición de la justicia

El pasado viernes, cuando fueron detenidas estas personas, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló que los abogados defensores ya habían gestionado audiencia en el juzgado contralor para que sus clientes emitieran su primera declaración.

En tanto, la defensa expresó por medio de un comunicado que los empresarios “han coadyuvado” con las investigaciones del MP y la CICIG “desde el inicio”. Y refirieron que “están seguros que las evidencias que se presentaron en su debido momento, demostrarán su inocencia”.

Otros involucrados

Por este caso hay 19 personas más que están ligadas a proceso penal, ya que supuestamente participaron en el trámite irregular de expedientes administrativos en el ente de recaudación durante los años 2011, 2013 y 2014.

Por estas supuestas irregularidades, el MP y la CICIG presentaron solicitudes de antejuicio contra el diputado al Congreso, Felipe Alejos; y el juez Séptimo Penal, Adrián Rodríguez.

Según la Fiscalía, el legislador habría formado parte de la organización criminal que ofrecía los servicios de gestión ante la SAT, mientras que el togado presuntamente emitió una resolución contraria a la ley y “fundada en hechos falsos”.

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