Analizan pronunciamiento de magistrados sobre el respeto a las garantías constitucionales

La situación del sistema de justicia en Guatemala, la polémica originada por la presencia del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en la plaza de la Constitución el pasado 8 de marzo, y un audio filtrado que contiene supuestas declaraciones del diputado Byron Chacón, fueron los temas analizados este martes en el programa A Primera Hora.

Como invitados en cabina participaron Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista; y Julio Prado, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y actual investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).

Garantías constitucionales

La asamblea general del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial emitió ayer un comunicado por medio del cual señala que para la construcción de un verdadero Estado de Derecho, es necesario el “irrestricto respeto a las garantías constitucionales durante el desarrollo de los procesos judiciales.

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En el documento resalta que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones. “Estamos obligados a resolver y los ciudadanos a obtener fallos emitidos únicamente conforme lo regulado en la Constitución y las leyes, sin injerencias de ningún tipo”, dice.

Asimismo, rechaza “categóricamente” la promoción de antejuicios y procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados “sin fundamento alguno”.

De igual forma, hace mención que bajo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, existe prohibición para exhibir ante los medios de comunicación a las personas detenidas, mientras no hayan sido previamente escuchadas por un juez.

A criterio de Pérez, el sistema de justicia en Guatemala ha sido frágil y lo continúa siendo. “La justicia siempre ha sido la cenicienta del Estado, por lo cual los esfuerzos deben estar enfocados actualmente en fortalecer el sistema”, señaló.

El abogado opinó que este pronunciamiento emitido ayer ya se esperaba, pues “hay una presión muy grande” para los jueces y magistrados para resolver en el sentido de lo que la población quiere.

“Ellos se sienten presionados porque cuando emiten una resolución hay antejuicios y recusaciones”, e incluso una campaña en los medios para descalificarlos, añadió.

En ese sentido, aseguró que “los antejuicios bajo un contexto de presión pública para que un juez resuelva de cierta manera son ilegítimos”.

Pérez Trabanino también hizo referencia a que en los casos políticos el sistema judicial ha respondido a los intereses del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Y refirió que esa “confrontación” que a su criterio existe entre el MP y la CICIG con los jueces por las “presiones y abusos de parte del órgano acusador”, puede llegar a tener “efectos muy nocivos”.  

En tanto, Prado mencionó que no se puede responsabilizar solo al MP y CICIG del desgaste que ha tenido el poder judicial, pues él mismo lo ha generado desde años atrás. “El punto aquí es cómo resolver esta situación”, dijo.

Y agregó que el problema principal es que el sistema judicial “no está acostumbrado a rendir cuentas”.

De acuerdo con Prado, la mayoría de antejuicios presentados por ambas entidades están bastante sustentados. Aunque no descartó que haya casos con deficiencias, los cuales tendrán que ser examinados, refirió.

En cuanto al pronunciamiento de la exhibición de las personas señaladas de cometer hechos delictivos, Pérez Trabanino dijo que al hacer esto “se dañan reputaciones de forma innecesaria”.

“Evidentemente hay una violación legal en las conferencias de prensa que anuncien las investigaciones antes de que una persona sea llevada ante un juez para conocer el motivo de su detención”, expuso el penalista.

Y opinó que la ejecución de las órdenes de captura no deberían ser producto de una “publicidad tan grande, sino más discretas”, para proteger la dignidad de las personas y el proceso mismo.

Por su parte, el exfiscal Prado consideró que el MP tiene la obligación de rendir cuentas y el derecho de presentar el resultado de sus investigaciones a la población.

“Es importante para una institución como el MP explicar a la población por qué se está deteniendo a alguien, a quien quizá se le depositó la confianza de parte de la población mediante un voto, eso da idea de cómo se está manejando el erario público”, consideró.

Según él, en las conferencias que se han brindado no se ha llegado a rozar la prohibición de exhibir a las personas, pues se mantiene el respeto por la dignidad de los sindicados.

Sin embargo, ambos expertos coincidieron en que las conferencias pueden hacerse, y lo que hay que analizar es en qué momento, pues explicaron que el momento para dar a conocer los señalamientos sería cuando ya se haya realizado una audiencia de primera declaración y se haya dictado auto de procesamiento contra el sindicado.

Otros temas

Por aparte, en el programa se habló sobre la polémica generada por la presencia del procurador Jordán Rodas en la plaza de la Constitución el pasado 8 de marzo, ya que se le ha señalado de haber sido parte de una movilización de un grupo feminista; sin embargo, él aclaró que llegó al lugar para solidarizarse con los familiares de las víctimas de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

“Coincidiendo en la Plaza de la Constitución con distintas actividades y manifestantes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, refirió Rodas por medio de un comunicado.

Tanto Pérez como Prado consideraron que esta situación no es causa para que el procurador sea destituido.

A criterio del abogado penalista, si bien la manifestación pudo haber dañado la sensibilidad de algunas personas, existe el derecho a la libre expresión.

Sobre la presencia de Rodas, consideró que “fue un desliz” y debe ser más sensato en cuanto a “dónde, cuándo y con quién se toma la foto”, pues es importante para la institucionalidad de su cargo.

Mientras que Prado consideró que el problema del PDH es que se trató de un “desafortunado momento”, en el cual no se percató de lo que ocurría y que podía mezclarse su presencia por el tema del Hogar Seguro con la expresión feminista.

En cuanto al audio filtrado donde el legislador Byron Chacón menciona que supuestamente el alcalde capitalino Álvaro Arzú le ofreció cierto apoyo si en caso se le señala en algún caso penal, los entrevistados manifestaron que debe investigarse la veracidad de estas declaraciones y qué implicación podría tener el jefe edil.