CIDH otorga medidas cautelares a la PDH para proteger a familias desalojadas de Izabal

Por Nancy Alvarez
Imagen referencial. - Foto: Oacnudh
CIDH otorga medidas cautelares a la PDH para proteger a familias desalojadas de Izabal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, para proteger los derechos fundamentales de las familias desalojadas de un área de Izabal el año pasado.

Se trata de los habitantes de la comunidad Chab'il Ch'och, que estaba establecida en terrenos privados del municipio de Livingston, Izabal, por lo cual fueron retirados del área por orden judicial en octubre de 2017.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por Rodas, el diputado Leocadio Juracán Salomé y Julián Marcelo Sabuc para garantizar la vida e integridad de los miembros de la referida comunidad, informó la PDH por medio de un comunicado.

El documento añade que estas personas se encuentran en situación de riesgo tras haber sido desalojadas.

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Mejores condiciones

La CIDH solicita que el Estado de Guatemala “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de las familias indígenas”, señala la PDH en el documento.

La comisión también pide que se implementen medidas “culturalmente adecuadas” con el objetivo de generar mejoras en aspectos de salud y alimentación.

Estas estarían enfocadas en garantizar condiciones adecuadas para los pobladores, principalmente para los niños, niñas, mujeres y personas mayores.

El comunicado establece que el Procurador, con base en su mandato constitucional de supervisar la administración pública, dará seguimiento a las acciones que realice el Estado de Guatemala en cuanto al cumplimiento de las medidas.

Pronunciamiento de Oacnudh

En noviembre de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) se pronunció acerca de los desalojos en el país.

El organismo señaló la falta de un plan para reubicar a los vecinos retirados de terrenos en Izabal y Alta Verapaz. De igual forma, detalló que no se cuenta con acceso a servicios básicos para los desalojados, lo cual “vulnera sus derechos humanos”.

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