De acuerdo con la representación del organismo internacional no hay un plan de reubicación para los vecinos que son desalojados en fincas ubicadas en los municipios de La Cumbre, Alta Veparaz, y Livingston, Izabal.
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Además, señaló que tampoco se cuenta con acceso a servicios básicos para dichas personas, lo cual vulnera los derechos humanos de los ciudadanos.
Mientras que la PDH demandó al Estado atender los estándares internacionales para las personas que son desplazadas de los lugares donde han residido por años.
Es fundamental que las familias desalojadas tengan un lugar para su resguardo y no queden en el desamparo”, expresa la Procuraduría en un comunicado.
Pobladores de varias aldeas de Livingston criticaron que el gobierno y algunos jueces actúan para beneficiar a familiares de excandidatos a diputados.
A mediados de octubre el Ejecutivo discutió las acciones para que pobladores de Laguna Larga, Petén, regresen al país debido a que también fueron desalojados de dicha comunidad por lo que migraron para la zona fronteriza de México.
