Experto considera que el asunto entre el Gobierno de Guatemala y CICIG se “está personalizando”

El abogado Mario Fuentes Destarac opinó que la ministra Sandra Jovel “está en el ojo del huracán” y podría generar una interpelación y un eventual voto de desconfianza para ella misma.

Por Nancy Alvarez

Luego de que se filtrara un documento que recoge los temas que se habrían abordado en la reunión que la canciller guatemalteca Sandra Jovel y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvieron la semana pasada, relacionados con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ello fue analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

El abogado constitucionalista e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Mario Fuentes Destarac, señaló que esta situación que debería incluir al Estado de Guatemala y a las Naciones Unidas “se está personalizando” y cuando esto ocurre hay una confrontación.

Al ser consultado acerca de cómo queda Jovel tras haber expresado las “preocupaciones” en EE. UU. con relación al trabajo del comisionado Iván Velásquez, opinó que actualmente está en una “posición muy controversial” en el país.

A su criterio, la ministra “va a estar en el ojo del huracán en los próximos días y tendrá que estar muy bien preparada para enfrentar esta situación”.

El entrevistado consideró que, tomando en cuenta que ya se anunció una citación de Jovel al Congreso, eventualmente podría darse una interpelación que incluso podría redundar en un voto de desconfianza y hasta “ser obligada a separarse del cargo”.

“Es bien complicado el asunto y obviamente esto se va a dar en los próximos días”, dijo.

El abogado constitucionalista dijo que “definitivamente desde el año 2015 se ha avanzado en la lucha contra la corrupción y la impunidad” y consideró que la presencia de CICIG ha sido muy importante en Guatemala, pues ha dado golpes significativos contra esos flagelos.

“Consecuentemente esperaríamos que este proceso continúe, aunque claro, tendrán que haber los cuestionamientos correspondientes si ha habido problemas de interpretación y aplicación del acuerdo”, refirió.

E hizo un llamado a la reflexión. “Ojalá que llegue la sensatez y que se pueda aplicar (el artículo que establece el acuerdo de CICIG) de manera civilizada, sin necesidad de que entremos a una confrontación, pues ya el país tiene suficientes problemas para tener que enfrentar este problema adicional, de un desencuentro entre personas”, expresó.

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Visiones en el Congreso

Cabe recordar que la bancada Convergencia y el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia convocaron a la canciller para el próximo martes, para aclarar aspectos de la reunión con Guterres.

El legislador Enrique Álvarez, jefe del referido bloque legislativo, expresó: “estamos muy preocupados por las actuaciones de la canciller que consideramos erráticas. No están, en nuestra opinión, en el marco de los intereses nacionales”.

Según indicó, las declaraciones de Jovel con respecto al comisionado Iván Velásquez son en base a un análisis “antojadizo”. “Nunca habíamos tenido un comisionado tan exitoso”, añadió.

El diputado afirmó que, a su criterio, las actuaciones de Jovel “presentan graves deficiencias en términos de política exterior”.

Y dio a conocer que además del tema de la reunión en la ONU, se abordará el tema de la asistencia a los migrantes guatemaltecos, pues "Cancillería no tiene una política para atenderlos".

En tanto, el diputado Amílcar Pop, de Winaq, señaló que “lamentablemente la justicia ha estado cooptada por fuerzas y poderes corporativos”, representando intereses empresariales, militares y de quienes ejercen en un momento dado una cuota política.

“La CICIG vino a desestabilizar esa lógica corporativa de la justicia y me parece importante y un paso trascendental en el país”, añadió.

De acuerdo con el legislador, se fijó una posición de preocupación del Gobierno y de las personas, pues no se trata de una posición del Estado guatemalteco.

“Habemos muchos que creemos que es importante el trabajo del fortalecimiento institucional, garantizar la independencia judicial y luchar corrupción”. “Si se sienten amenazados algunos, obviamente están generando distintas reacciones”, dijo.

 

Según Pop, la canciller queda muy mal, pues en el escenario internacional se reconocen los esfuerzos contra la corrupción en los que colabora CICIG, pero Jovel, en representación del Gobierno, se queja de las acciones.

Por el contrario, el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), afirmó que Jovel “está muy en lo correcto”, pues a su criterio el comisionado Velásquez se ha extralimitado en sus funciones.

“En el Congreso hemos sido víctimas de presión desmedida desde el palco diplomático en cuanto a las reformas constitucionales”, manifestó, y señaló que esto proviene de la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la CICIG.

También dijo que de parte del MP y la comisión internacional existe persecución selectiva y que se viola la presunción de inocencia. Agregó que algunos de sus compañeros se han puesto a disposición de los tribunales y pese a ello han sido detenidos en operativos para “hostigarlos y humillarlos”.

Además, Linares aseguró que existen abusos en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, y aunque reconoció que este tema no depende directamente de la CICIG, señaló que “existe presión” de parte de Velásquez contra los jueces para que actúen de esa manera.

“La CICIG es muy poderosa y presiona a los jueces, ellos no quieren problemas y comprometen su independencia. No son los jueces, es la presión de Velásquez para que les den prisión preventiva”, resaltó.

Procedimiento basado en acuerdo

El abogado Mario Fuentes destacó que la “saga CICIG-Gobierno” se inició con la declaración de “non grato” de Iván Velásquez que hizo el presidente Jimmy Morales en agosto pasado.

Y consideró que el Estado de Guatemala, la ONU y el comisionado deberían discutir el tema si es que hay discrepancias relacionadas con el tema de CICIG.

“El mismo acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas establece mecanismos para discutir las discrepancias en la aplicación del acuerdo. Es el artículo 12 donde se menciona que entre las partes debe existir un diálogo para establecer si hay discrepancias en materia de interpretación y aplicación del acuerdo”, detalló.

Y consideró que este artículo no se ha invocado en ningún momento, pese a que es el pertinente para tratar la situación.

“El país está en una situación de inestabilidad que nos puede llevar a la ingobernabilidad. Tenemos una cantidad de males que tenemos que combatir, entre estos el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, y todo se queda en situación de total incertidumbre”, dijo.

Por aparte, se refirió a las garantías fundamentales dentro del proceso penal y expuso que estas deben ser respetadas; sin embargo, hay ocasiones en Guatemala en las cuales esto no se da, pero no específicamente en los casos que presentan el Ministerio Público y la CICIG.

Por ello resaltó la necesidad de que el poder judicial sea fortalecido, ya que “es el árbitro de la sociedad”.

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