Las declaraciones del expresidente Otto Pérez Molina, brindadas ayer en el Juzgado B de Mayor Riesgo como parte de su defensa material en el caso La Línea, fueron analizadas este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Por la vía telefónica se conversó con los abogados Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público (MP); y Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho (CEDE), quienes señalaron que tanto Pérez Molina como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti buscan generar dudas en la población y deslegitimar al MP y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Llama la atención que Pérez trata de confundir a la gente en cuanto a las acciones ilícitas de las que está señalado y es obvia su participación en la estructura. Él básicamente trata de desviar. Ya no hay un desahogo, sino que hay una estrategia inmersa en lo que él está comunicando”, señaló Barrios.
Y añadió que ello "ha calado" en la población, porque las personas empiezan a dudar cuando escuchan acerca de los errores técnicos que existen en la acusación planteada por el MP y la CICIG.
Mientras que a criterio de Monterroso, lo que está intentado Pérez Molina es confundir a la población y “aprovecharse de la campaña negra” que ha habido contra ambas entidades para deslegitimarlas, tanto a estas como a todos los casos que investigan.
En cuanto a los señalamientos hechos por el sindicado acerca de que existe persecución penal selectiva, el experto refirió que eso es parte de la naturaleza de la persecución, pues no se puede perseguir todos los delitos.
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Sin embargo, opinó que el hecho de que diferentes personas investigadas señalen que existe selectividad ideológica ha tenido impacto en la ciudadanía.
“Se ve un mismo discurso de Jimmy Morales, Álvaro Arzú, Pérez Molina y Baldetti, como que se hubieran puesto de acuerdo”, pero intentar generar esa imagen de la CICIG, aunque no tiene fundamento fáctico ni sustento, sí genera confusión en la población, manifestó Monterroso.
Señalamientos no comprobables
A criterio de Monterroso, el mensaje del exmandatario no va dirigido al juez Miguel Ángel Gálvez, sino a los analistas y a la ciudadanía.
“Al juez le interesa los elementos probatorios, la hipótesis del fiscal y la defensa técnica que presenten los abogados. Las declaraciones de Baldetti y Pérez no dejan de ser anécdotas políticas”, refirió.
Asimismo, cuestionó el motivo por el cual hasta ahora ambos exfuncionarios denuncian supuesta injerencia de Estados Unidos en sus acciones y no lo denunciaron en su momento, cuando habría ocurrido.
“Al final fue él (Pérez) quien pidió la prórroga de la CICIG, (para) que a estas alturas venga a decir que fue por presión de Estados Unidos”, añadió el exsecretario.
Tanto ese tema, como lo dicho por Baldetti acerca de que el exembajador de la nación norteamericana, Todd Robinson, le pidió que renunciara, son aspectos que no son comprobables, porque presuntamente lo hablaron en privado, agregó el entrevistado.
Por aparte, se les consultó acerca de los errores señalados por Pérez con relación a la acusación planteada por el MP en su contra.
Ante ello, Barrios indicó que en una audiencia de etapa intermedia se debe determinar modo, tiempo y lugar en que la persona acusada habría cometido los hechos ilícitos, y consideró que pese a los “errores técnicos” de la Fiscalía, esta sí cuenta con los elementos para respaldar esos datos.
También señaló como un “riesgo” tomado por el ente investigador, el tener casos con 30 o 40 acusados, pues ello aumentaría la cantidad de errores.
En tanto, Monterroso expresó que si bien podrían existir algunos errores de nombres o de redacción en la acusación, se debe tener claro que en es momento de la audiencia se decidirá si las personas deben ir a debate oral y público con base a los indicios recabados.
“El nivel de certeza que se necesita para llevarlos a juicio es menor que en el debate”, indicó.
“Fortuna amasada”
Los abogados señalaron que el perfil económico del exbinomio presidencial no coincide con las propiedades que adquirieron ni con su estilo de vida, ya que fue evidente la adquisición de inmuebles y bienes, así como los viajes de ellos y sus familiares.
“Un buen corrupto primero sale del gobierno y luego disfruta de sus ganancias ilícitas”, detalló Barrios, al referirse a que fue notorio el incremento de los lujos a los que tenían acceso Pérez y Baldetti al llegar al poder.
“Ni siquiera se necesitan investigadores internacionales” para observar tal extremo, resaltó el abogado.
En el caso de Baldetti, Monterroso señaló que si fue peluquera y luego logró llegar al Congreso, aunque hubiera sido jefe de bloque (que tiene mayor salario que otros diputados), “en ningún caso pudo haber adquirido las fortunas para tener una casa en Marina del Sur, salones de belleza e hijos viajando al extranjero constantemente”.
Mientras que con relación a Pérez, el exsecretario del MP recordó que es un jubilado del Ejército, “con muy poco éxito fuera del ámbito militar”, quien llegó a ser parlamentario.
Esta persona estuvo un tiempo “en el limbo” en donde no se sabía de dónde salían sus ingreso; sin embargo, adquirió fincas en Chimaltenango, yates y carros de lujo, expuso el entrevistado.
“Sus perfiles económicos no coinciden con sus ingresos probados y su fortuna amasada”, por lo cual consideró que el Ministerio Público podría accionar contra ambos exfuncionarios por enriquecimiento ilícito, ya que cree que ninguno de los dos podría justificar ese nivel de riqueza.
