En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, este miércoles se hizo un análisis de las declaraciones de Salvador Estuardo González, alias “Eco”, como colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado.
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Como invitados en el programa participaron Manfredo Marroquín, presidente de la junta directiva de Acción Ciudadana (AC); y Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Luego de tres intentos fallidos para que declarara, González inició ayer a rendir su testimonio en la “megasala” y se tiene programado que hoy continúe la audiencia de anticipo de prueba.
Este proceso es conocido por el Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, e incluye a más de 50 sindicados.
“Eco” mencionó que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti pagaba préstamos personales con obras del Estado; y confirmó que hubo reuniones en donde participaron, entre otras personas, el expresidente Otto Pérez Molina, su hija, su nuera y su esposa.
Sobre las declaraciones de “Eco”, Mazariegos dijo que a pesar de las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), se necesitaba que alguien de adentro de la estructura diera detalles.
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Esto tomando en cuenta que se trataba de un esquema, incluso de carácter internacional porque se utilizaban entidades fuera de Guatemala, lo que le hacía “prácticamente imposible de detectar”.
El poder tomado por clanes
De acuerdo con Marroquín, es evidente que Pérez Molina y Baldetti crearon un esquema para saquear el Estado de Guatemala, incluso desde antes de llegar al poder. Resaltó además que incluso se preocuparon por tener empresas de cartón panameñas para manejar los fondos ilícitos.
Y sobre las reuniones destacó que se trata de un clan familiar que estaba al tanto de las actuaciones del entonces presidente.
“No es extraño porque en familia era muy difícil pensar que ellos ignoraban todo lo que estaba pasando y los círculos de Pérez Molina”, expresó.
El presidente de AC consideró además que “Eco” cumplió una función de contador y administrador de operaciones ilícitas dentro de la estructura criminal.
Para Marroquín, las declaraciones de González corroboran cómo el poder en Guatemala llegó a estar tomado por clanes, y no solo familiares.
Sin miedo a ser descubiertos
Manfredo Marroquín señaló que el esquema utilizado por esta estructura que habría cooptado el Estado para enriquecerse fue “bastante burdo”. Lo cual considera fue porque sus integrantes tenían la certeza de que nadie los iba a descubrir, y que si en caso eran descubiertos, no iban a recibir castigos.
“Creían que nadie iba a actuar contra la corrupción, pero eso lo quebró el papel de la CICIG”, afirmó.
Añadió que según lo que se conoce, contratistas del Estado pagaban las tarjetas de crédito y deudas de préstamos de Baldetti.
Sobre el tema de que aún no hay sentencias, Marroquín dijo que Guatemala nunca había tenido casos de este nivel y que la justicia tampoco está preparada para estos procesos ni hay infraestructura, lo cual contribuye a que no se vean sentencias.
Sistemas no funcionan
Mazariegos consideró que los problemas de corrupción llevan bastante tiempo de existir, y a su criterio, lo que está fallando es el sistema.
Se ha dado en varias ocasiones que cuando alguien apoya con fondos económicos a los candidatos a algún cargo público, cuando estos llegan al poder se cobra el favor obteniendo obras públicas, explicó.
“Es en la obra pública en la cual se dan los grandes casos de corrupción a nivel mundial”, destacó la entrevistada.
Mazariegos añadió que “prácticamente todos los sectores” están involucrados en temas de corrupción, por lo cual hace falta sustituir el sistema existente.
A criterio de Marroquín, los sistemas permean a las personas. “Cuando un sistema es permisivo en actos de corrupción, la gente aprende que la corrupción es la vía para obtener dinero, poder y otras cosas”, mencionó.
Añadió que hace falta reconstruir toda la institucionalidad de Guatemala y el funcionamiento.
“La corrupción es sistémica, estructural e histórica y ha permeado a toda la sociedad. El reto es si el país tendrá la capacidad de reformar todas las instituciones”, expuso Marroquín.
Falta de protección a empleados públicos
La delegada de la PDH explicó que solo los empleados públicos conocen con certeza los casos de corrupción y pueden dar detalles para apoyar en las investigaciones.
Sin embargo, señaló que Guatemala ha fallado en lo que señalan las Comisiones Anticorrupción Internacionales, con relación a crear sistemas para proteger al empleado que quiere denunciar actos de corrupción.
“Actualmente si un trabajador público denuncia un acto irregular y se conoce sobre ello, inmediatamente lo despiden”, indicó Mazariegos.
Manfredo añadió que desde hace 15 años se está proponiendo establecer un sistema de protección de testigos y denunciantes de corrupción en Guatemala, pero el tema no ha avanzado.
El presidente de AC señaló que actualmente existe el programa de colaboradores eficaces y que ha sido funcional; sin embargo, dijo que esta figura aplica solo cuando las personas son acusadas en un proceso.
En tanto, el sistema que se pretende crear aplicaría para empleados que no necesariamente estén involucrados en la corrupción, pero que sí observen y conozcan lo que ocurre.
