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El juez Miguel Gálvez insiste en escuchar la declaración del empresario Salvador González, alias “Eco”, como anticipo de prueba por el caso “Cooptación del Estado de Guatemala” frente a todos los sindicados. En dos oportunidades se suspendió el comienzo de su testimonio y los procesados “no desean” y “no les interesa” lo que pueda revelar el colaborador de la Fiscalía.
Los abogados de los procesados fueron citados este 29 de mayo de 2017 en la “megasala” del Organismo Judicial (OJ), con capacidad para 300 personas. La semana pasada los defensores manifestaron que a sus clientes “no les interesaba” el testimonio de “Eco”.
El 22 y el 24 de mayo de 2017 se suspendieron las audiencias de anticipo de prueba por ausencia de sindicados y abogados. El juez Gálvez hará un tercer intento para escuchar la declaración. Luego seguirá la del militar retirado Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
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La razón para que los colaboradores declaren frente a los procesados se deriva a final de 2016 cuando el juez Gálvez anunció “su deseo” de que el colaborador Monzón esté en el banquillo de los acusados y responda a todas las preguntas de los sindicados, entre ellos el expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Baldetti.
Lo que aportará "Eco"
“Eco” brindará los detalles del financiamiento electoral ilícito del extinto Partido Patriota en las campañas de 2007 y 2011. Luego responderá las preguntas del fiscal, los querellantes, los abogados y los sindicados.
El militar retirado Monzón, conocido por las escuchas telefónicas como “el privado de la dos”, “el Moreno” y “el ‘Secre’ de la dos” también revelará los detalles del enriquecimiento ilícito de Pérez y Baldetti.
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El proceso se deriva del proceso por el caso La Línea. El 16 de abril de 2015 fue desbaratada la estructura de La Línea y miles de documentos fueron incautados en los allanamientos y surge un nuevo proceso: “Cooptación del Estado de Guatemala”.
La acusación detalló que Pérez y Baldetti se beneficiaron con millones de quetzales de financiamiento electoral ilícito. Los montos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. En 2012 los financistas son beneficiados con contratos estatales y a cambio pagan diversas comisiones a Pérez y a Baldetti, detalla la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
