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Caso Cooptación del Estado: Suspenden audiencia en donde declararía “Eco”

La diligencia fue reprogramada para el próximo miércoles.

Para este lunes se tenía previsto que Salvador Estuardo González, alias “Eco”, ampliara su declaración sobre el caso Cooptación del Estado, sin embargo la audiencia fue suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien conoce el proceso, debido a la incomparecencia de dos abogados.

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La diligencia se desarrollaría en la “megasala”, con capacidad para 300 personas, a donde se hicieron presentes los sindicados en el caso, así como sus defensores y los querellantes.

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Larga nómina de sindicados

Gálvez utilizó 45 minutos para verificar su nómina de sindicados y abogados. Uno a uno los llamó por su nombre.
Los sindicados Julio Norberto Esquivel Orellana y Julio César Zamora Álvarez y su abogado Neftaly Rivera junto con el procesado Miguel Ángel Martínez estuvieron ausentes.

El sindicado José Gerardo Martínez se quedó sin defensor porque fue encarcelado, aunque los detalles de la identidad y el caso no fueron proporcionados.

Lázaro Reyes se quedó sin abogada (Ana Beatriz Figueroa) porque fue ultimada a balazos la semana pasada en Escuintla.

Gálvez verificó la presencia de las partes procesales y posteriormente dio un receso para analizar la situación de los señalados que no tenían abogado. Luego anunció que la audiencia sería reprogramada para el miércoles 24 de mayo.

Cabe mencionar que el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicemandataria Roxana Baldetti; y los empresarios Jonathan Chévez y Gustavo Alejos no acudieron a la sala, ya que solicitaron ser representados por sus defensores.

Testimonios de "Eco" y Monzón

Además de “Eco”, se esperaba que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, ambos colaboradores eficaces en el caso, ampliara su declaración. González sería el primero en brindar su testimonio.

Asimismo, se prevé que ambos respondan a preguntas de la Fiscalía, los querellantes, abogados y los sindicados.

Señalamientos

Por este caso hay más de 50 personas ligadas a proceso penal, incluidos exfuncionarios y empresarios, quienes son señalados de integrar una estructura criminal que utilizó instituciones del Estado para realizar actividades ilícitas y obtener beneficios económicos.

Entre los delitos que se les imputan están: lavado de dinero, fraude, asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo y enriquecimiento ilícito.

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