Guatemala

Empresarios argumentan en la Corte suspender en definitiva la Ley de tarjetas de crédito

Se realizó una vista pública en la que el Cacif argumentó sus alegatos legales.

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Los empresarios organizados que están agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) suspender en definitiva la Ley de tarjetas de crédito.

Se espera más consenso y que la ley proteja los derechos del emisor y los consumidores”, mencionó José González, presidente de la entidad empresarial.

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En la audiencia Luis Rolando Barrios, representante del Cacif solicitó que la norma sea declarada inconstitucional y sea “expulsada de la legislación”.

Barrios recordó a los magistrados que la ley se aprobó “sin la mayoría calificada” en el Congreso.

Suspendida

El 31 de marzo, los magistrados constitucionales suspendieron el decreto 7-2015 al otorgar un amparo provisional al Cacif debido a que “podría provocar daños irreparables” y suspendieron la normativa que entró en vigencia el 8 de marzo.

La votación fue por unanimidad y los magistrados analizaron las 14 acciones legales interpuestas por instituciones, empresarios organizados y abogados.

La ley esperó dos años

El 4 de noviembre de 2015, con 112 votos fue aprobada la ley que ordena regular las tasas de interés, los límites de gastos y suprimió el acoso a los clientes morosos que que se retrasan en los pagos respectivos. Hubo varias horas de discusión.

La ley esperó dos años para ser aprobada y generó críticas de los emisores quienes suspendieron las visa-cuotas.

El día que la normativa cobró vigencia, Jorge Briz, quien era el presidente del Cacif solicitó en un memorial suspenderla porque se había aprobado luego de “un resultado legislativo viciado”.

La Corte rechazó las primeras acciones

La CC, dividida, rechazó los primeros amparos que pretendían dejar sin efecto la ley el 10 de febrero. La Asociación de Bancos de Guatemala y los representantes de Contécnica, Sociedad Anónima habían interpuesto las acciones legales el 21 de enero.

 

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