Cuatro días quedan para que culmine el segundo período ordinario de sesiones de 2023 en el Congreso y los diputados tendrán en sus manos dos brasas que afectarán el futuro político del país: el Presupuesto 2024 y los informes de las comisiones pesquisidoras contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como del vicepresidente, Guillermo Castillo.
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En el caso de la comisión pesquisidora contra los togados electorales, se programó para mañana la entrega del informe recomendando o no el retiro de su inmunidad. Para hoy está previsto que Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Irma Palencia y Mynor Custodio Franco presenten sus pruebas de descargo.
¿Intenciones al descubierto?
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, considera que es “una semana importante” para el Legislativo y no descartó que se registre un intento de “ataque” al TSE.
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“Hay que estar atentos al antejuicio contra el TSE. Yo creo que sí hay una intención de alterar el resultado electoral. El ataque al TSE tiene una agenda oculta, o no tan oculta, que busca por lo menos afectar la transición del 14 de enero”, explicó.
El sábado se conoció que la Contraloría General de Cuentas denunció en el Ministerio Público a los cuatro magistrados del TSE que ya enfrentan un proceso de antejuicio, por la supuesta falta de calidad del gasto y la adquisición de equipo innecesario por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
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Para Renzo Rosal, analista político, los informes de las pesquisidoras contra los magistrados del TSE y el vicepresidente Castillo son para “quedar bien” con el pacto en el poder y por ello es una semana “decisiva” que está en manos del Congreso de la República.
Ortiz mencionó que la denuncia de la Contraloría busca darle “alguna apariencia de sustento” al caso, para quienes desean tomar control del TSE.
Presupuesto 2024, la otra brasa
El pasado jueves, los diputados aprobaron en primera lectura el dictamen del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024, que asciende a Q124 mil 880 millones, con varios candados que el gobierno electo y organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) han advertido que impedirían el pago de deuda pública.
Rosal recordó que el proyecto presupuestario debe ser aprobado, modificado o improbado antes del 30 de noviembre.
“El Congreso tiene varias tareas que solventar en el corto plazo. Una lo establece la ley y es la aprobación o no del presupuesto del otro año”, agregó.
Varias fuentes consultadas dentro del Legislativo aún no tienen claro si el oficialismo y bancadas aliadas buscarán o no aprobar el presupuesto para 2024.
El equipo de Bernardo Arévalo propuso un proyecto de Q127 mil millones, pero la comisión de Finanzas del Congreso emitió dictamen favorable al monto que envió el Ejecutivo con modificaciones para su ejecución.