La Contraloría General de Cuentas (CGC), presentó una denuncia penal contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la adquisición del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
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La denuncia planteada en el Ministerio Público es contra los magistrados Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Mynor Custodio y Ranulfo Rojas, así como Jorge Santos, quien se desempeñó como encargado de Informática.
Los cuatro magistrados titulares ya enfrentan un proceso de antejuicio por esta adquisición. Originalmente la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y tres magistrados suplentes también fueron señalados por el Ministerio Público, pero un amparo de la Corte de Constitucionalidad frenó el proceso en su contra.
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ARGUMENTOS DE LA CONTRALORÍA
Luego de una auditoría realizada por la adquisición del TREP, la Contraloría señala dos aspectos:
- Falta de calidad del gasto en la adquisición de un software o programa informático.
- Adquisición de equipo innecesario.
Según la Contraloría, estos son los principales hallazgos de la revisión realizada y aseguró que la denuncia no tiene relación con los resultados electorales.
PROCESO ANTEJUICIO
La Comisión Pesquisidora que conoce los antejuicios contra varios magistrados del TSE por la misma adquisición, tiene previsto entregar su informe recomendando el retiro de inmunidad o no el próximo martes 28 de noviembre.
Este viernes 24 de noviembre, los abogados Giovanni Fratti y Karin Fisher ratificaron sus denuncias en contra del proceso de contratación del TREP.
Mientras que el Departamento de Informática del TSE reportó a la Pesquisidora que el TREP funcionó a la perfección durante las elecciones, sin registrar incidentes.
Por su parte, el presidente de la Pesquisidora, Enrique Montano, expresó que es amedrentado por “gente muy poderosa” que no quieren que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.