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Fiscal especial investigará documentos clasificados de Biden en Estados Unidos

El caso pone en apuros a Biden, en un momento en el que su antecesor, Donald Trump, está en la mira de la justicia por la forma en la que gestionó sus archivos presidenciales.

Estados Unidos nombró este jueves a un fiscal especial para investigar sobre los documentos clasificados hallados en una antigua oficina y en una residencia privada del presidente Joe Biden, que datan de cuando era vicepresidente de Barack Obama.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, que ya delegó las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump a un fiscal independiente, encomendó este nuevo caso al exfiscal federal Robert Hur, quien ha tratado tanto delitos de pandillas y narcotráfico como temas de corrupción y fraude.

El nombramiento pone de manifiesto el compromiso de su departamento “con la independencia del poder judicial en casos particularmente delicados, y su compromiso de tomar decisiones guiadas únicamente por los hechos y la ley”, afirmó Garland en un discurso.

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“Descubrir este error”

Horas antes, la Casa Blanca informó que “una pequeña cantidad” de documentos clasificados fueron hallados en la residencia privada de Biden en Wilmington, en el estado de Delaware, en el garaje y en una habitación contigua. El abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, aseguró, no obstante, que el presidente “cooperará” con el fiscal especial. “Confiamos en que una revisión exhaustiva mostrará que estos documentos se desplazaron por inadvertencia, y el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error”, afirmó en un comunicado.

El lunes Biden ya reconoció que una decena de documentos clasificados fueron encontrados en el Penn Biden Center, un grupo de expertos en Washington donde él tuvo una oficina. Estas revelaciones ponen en apuros al mandatario, en un momento en el que Trump, su antecesor, está en la mira de la justicia por la forma en la que gestionó sus archivos presidenciales.

En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

*Con información de AFP

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