Un comunicado de las abogadas de Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue compartido en redes sociales.
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El documento de las abogadas Claudia González Orellana y Wendy Geraldina López señala anomalías en la nueva orden de aprehensión contra Santizo.
El comunicado responde a la nueva orden de aprehensión contra Santizo. Los detalles de la orden fueron compartidos en un video del Ministerio Público (MP).
En el video es Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel de Estados Unidos por promover la corrupción, quien adelanta la investigación en contra de Santizo.
También se incluye al extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien está en Estados Unidos y goza de asilo político.
Sin acceso al expediente
Las abogadas de Santizo denunciaron que aún no han tenido acceso al expediente de su cliente.
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“Nuestra patrocinada se ha presentado casi diariamente a la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Es más, consta en documentos en el poder del MP que se había programado una reunión con el agente fiscal que lleva el expediente para el viernes 21 de octubre en donde compareceríamos junto con la licenciada Santizo. Nuestra patrocinada siempre ha estado en la disposición de someterse al proceso, y un ejemplo de ello es que entregó voluntariamente su teléfono y ello ha tenido como consecuencia esta persecución espuria”, resalta el comunicado.
Además, Santizo “ha colaborado” con el proceso en su contra, aseguran las abogadas. Explicaron también que a Santizo le otorgaron arresto domiciliario luego de haber estado en prisión y que cumple con las medidas de coerción otorgadas.
Señalamiento
El mes pasado, el Ministerio Público (MP) pidió ampliar el plazo de investigación en el caso contra la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo; y la exintegrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa.
La fiscalía le solicitó al Juzgado Tercero Penal que otorgue dos meses más para el desarrollo de las pesquisas y argumentó que aún hace falta el informe de la extracción de un teléfono celular y que la fiscal a cargo de ese expediente se contagió de Covid-19. Las abogadas son señaladas por el MP dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial, del cual se desconocen detalles hasta ahora debido a que se encuentra bajo reserva.
