La exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra, se presentó este jueves, 19 de octubre de 2022, al Tribunal Octavo para solicitar revisión de medidas que la mantienen en prisión. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) confirmó que se autorizó una nueva orden de captura en su contra por el delito de revelación de información confidencial o reservada.
#AHORA Familiares, amigos y representantes de organizaciones sociales realizan un plantón frente a la Torre de Tribunales, en solidaridad con la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/3tan1NNAXk
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 19, 2022
De acuerdo con la información proporcionada por el MP, Laparra como funcionaria habría revelado información de la que tenía conocimiento y que al haberse decretado la reserva total de las actuaciones, tenía la obligación de no revelarla. Los hechos habrían sucedido el 4 de julio de 2017, cuando ejercía sus funciones como agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango.
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Agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al Tribunal Octavo para notificar a la exfiscal de la nueva orden de captura en su contra. Mientras se desarrollaba la audiencia en la que Laparra solicitaba a dicho juzgado que se le otorgue arresto domiciliario.
#AHORA Hoy se dio a conocer que el MP autorizó una nueva orden de captura en contra de Laparra por el delito de revelación de información confidencial o reservada. La exfiscal lleva ocho meses en prisión | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/atTDNpVexV
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Antecedentes del caso contra Virginia Laparra
Laparra fue capturada el 23 de febrero del presente año y desde entonces permanece en la cárcel de Mariscal Zavala. El ente investigador señala que fue detenida por abuso de autoridad y usurpación de funciones acusada de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución.
El 7 de junio 2022, el juez Séptimo Penal resolvió enviar a juicio a la exfiscal anticorrupción bajo los cargos antes mencionados. Laparra fue parte de la Feci, que entre 2014 y 2020 emprendió una lucha contra la corrupción en el país y que imputó a más de 200 personas entre altos funcionarios y miembros de la élite empresarial.