El Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal de Mayor Riesgo “B” la pena de 30 años de prisión contra el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, durante el desarrollo del juicio en el caso La Línea. Además, solicitó a dicha judicatura que los exfuncionarios cancelen una multa de Q73.1 millones.
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#URGENTE Ministerio Público (MP) pide 30 años de prisión para el expresidente Otto Pérez Molina y para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en el marco del juicio por el caso "La Línea" | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/bTh8bbOeSP
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 18, 2022
A Pérez Molina y a Baldetti, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, los señala de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.
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Exfuncionarios de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti
La Feci también pidió condenas para las otras 27 personas procesadas en el caso La Línea, que van de los 10 hasta los 32 años de cárcel.
Cabe destacar que el se solicitó 10 años de cárcel para Carlos Muñoz, extitular de la Superintendente de Administración Tributaria (SAT), y una multa de Q50 mil.
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Mientras que para Omar Franco, también exjefe de la SAT durante el gobierno del extinto Partido Patriota, 32 años de prisión y una sanción económica de Q73.1 millones. Lo mismo para Claudia Méndez, quien fungió como exintendente de Aduanas del ente recaudador. A estas dos últimas personas, el MP las acusa de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Antecedentes del caso La Línea
El caso La Línea surgió de una denuncia sobre una red de defraudación aduanera que, presuntamente, era dirigida por el exbinomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti. Las primeras capturas en ese caso ocurrieron el 16 de abril de 2015, año en el que también se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción.
La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.
La investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaba de una red de defraudación en las aduanas, que era supuestamente liderada por altos funcionarios.