Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunirán en un pleno extraordinario convocado para este miércoles, casi a la media noche, para prolongar sus funciones y la de los magistrados de Salas de Apelaciones, tras cumplirse otro periodo sin que se renueven dichos cargos.
El periodo constitucional de cinco años de los magistrados del Organismo Judicial (OJ) venció el 13 de octubre de 2019, por lo que los magistrados cumplen ocho en sus cargos.
En un acta se estableció que el pleno sesionará esta noche en el Palacio del Organismo Judicial para extender un año más su labor.
Línea de tiempo
La renovación no tuvo lugar, luego de que el anterior pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera el proceso de postulación de candidatos a magistrados.
La resolución estipuló establecer un plazo no definido para que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) llevara a cabo evaluación de los magistrados y jueces aspirantes, lo que extendió la permanencia de los actuales magistrados.
Debido a los proceso legales en curso ante posibles anomalías del proceso de postulación, la CC exigió al Congreso de la Republica excluir de la votación a candidatos que estuvieran señalados. Además, les ordenó emitir un voto a viva voz, punto en el que el proceso se estancó.
Pese a los señalamientos de manipulación y los vicios denunciado, las máximas instancias no ordenaron repetir el proceso de postulación. Este se sostuvo legalmente, sin que los organismos del Estado promovieran su avance.
Debido al entrampado legal, seguirán sin renovarse los cargos de 26 magistrados titulares y suplentes de la Suprema, así como 225 de las Salas de Apelaciones.
Señalamientos pesan sobre el Organismo de Justicia
El pleno de la Corte Suprema, presidida por la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada, presentó recién un informe destacando avances del periodo 2021-2022.
No obstante, la gestión enfrenta señalamientos de un desgaste y falta de independencia judicial, tal como indicaron tres organizaciones la semana pasada.
“Las prácticas autoritarias se reflejan en la falta de independencia judicial, la criminalización de los operadores de justicia y los ataques contra cualquier voz disidente. Las redes criminales se han infiltrado en las esferas política y judicial, convirtiendo al gobierno en su principal aliado”, afirmó entonces Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA.
La Agencia Francesa de Prensa recopiló los informes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras dos organizaciones. Los mismos hacen referencia a que veinticinco jueces y fiscales han huido del país, y otros siguen encarcelados o fueron obligados a dimitir.