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El Ministerio Público (MP) informó este martes, 12 de julio de 2022, por medio de sus redes sociales que mediante la Fiscalía de Asuntos Internos solicitó el retiro de derecho de antejuicio contra la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A.
Por medio de un comunicado, el MP detalló que la solicitud obedece a que se presume que la togada habría cometido delitos de abuso de autoridad y prevaricato durante el desarrollo de las audiencias en el caso Odebrecht.
“La jueza celebró audiencia de primera declaración el 8 de septiembre de 2017 en la cual autorizó la parobación del convenio de colaborador eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba como colaborador eficaz de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, quienes no estaban en presencia de la juzgadora”, detalló el MP.
#URGENTE La Fiscalía de Asuntos Internos presentó solicitud de retiro de antejuicio contra la Juez de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricato | Vía @MPguatemala pic.twitter.com/qqC3sN1qwm
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) July 12, 2022
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Además, explicó que dichas personas se encontraban en la República Federativa de Brasil, “razón por la cual la jueza no tenía la capacidad de aplicar el poder coercitivo que el Estado otorga al Poder Judicial, atentando así contra de la seguridad jurídica, el principio jurídico del debido proceso y la institucionalidad del Estado de Guatemala”.
Señala ilegalidad
Asimismo, señala que no advirtió la ilegalidad de la actuación realizada el 7 de septiembre de 2017, cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien en ese entonces fungía como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), realizó los acuerdos de colaboración eficaz.
“Esto ya que, según lo establece la ley, Sandoval Alfaro en su calidad de empleado público no tenía la facultad para realizar diligencias de investigación en calidad de Fiscal del Ministerio Público fuera del territorio de la República de Guatemala; arrogándose facultades que únicamente le corresponden por mandato constitucional a la Procuraduría General de la Nación y tampoco contaba con delegación para representar al Estado de Guatemala”, aseveró el ente investigador.
