Nueve congresistas estadounidenses pidieron públicamente al Secretario de Estado Antony Blinken, que se reiteré al Estado de Guatemala que el apoyo militar y uso de los jeeps J8 no deben usarse para la represión, al hacer referencia a los estados de excepción que el presidente Alejandro Giammattei declaró en El Estor, Izabal.
“Estamos escribiendo para solicitar que se condene públicamente el estado de Excepción declarado en el municipio de El Estor, así como la violencia estatal e instar al gobierno guatemalteco a revocar de inmediato el estado de emergencia”, expresaron en una carta dirigida a Blinken.
“Hemos visto informes preocupantes de que los jeeps J8 donados por Estados Unidos que estaban destinados a fines antinarcóticos pueden haber sido utilizados para llevar a cabo la represión”, describe la misiva fecha el 30 de noviembre de 2021.
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“Nos preocupa profundamente que la ayuda estadounidense pueda estar apoyando directa o indirectamente las violaciones de los derechos humanos y la obstrucción de los procesos democráticos por parte del gobierno guatemalteco, incluidos los ministerios, la policía, la inteligencia y el personal militar, dirigidos a las comunidades indígenas Maya Q’echi’ y, en particular, a periodistas y defensores de derechos humanos”, añade el texto.
Los congresistas también expresaron que, el estado de Excepción en El Estor otorga a los militares poderes especiales para hacer cumplir un estricto toque de queda, realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial y suspender garantías constitucionales.
The Guatemalan military and police are violently oppressing indigenous communities of their democratic right to protest an illegally-operating mine in El Estor. The @StateDept must act to ensure no U.S. foreign aid is used to assist these authoritarian operations. #ElEstorResiste https://t.co/4CmK4obFin
— Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) December 1, 2021
Alertan de desplazamiento forzado
La carta también hace referencia a que en julio de 2019, la Corte Constitucional (CC) ordenó la suspensión de operaciones de mina Fénix, tras operar ilegalmente desde 2004 y no haber hecho la consulta con las comunidades indígenas como lo requiere la Convención Internacional del Trabajo Organización 169.
“Muchos en la comunidad dependen del lago para su sustento. La militarización continua de la región y la extracción de recursos naturales de las comunidades locales ha provocado el desplazamiento forzado significativa, uno de los factores que impulsan la migración a los EE.UU.”, puntualizaron.
También se aborda que los opositores a la mina han sufrido diversos ataques y se menciona el asesinato de líderes indígenas. “Existe una amplia documentación de la policía, la inteligencia y el personal militar con el apoyo de helicópteros y buques de guerra utilizando la violencia y actos de intimidación para apoyar la operación ilegal continuada de la mina”.
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La misiva también hace mención que el pasado 17 de noviembre, hubo informes y videos de la policía quemando las casas de los miembros de la comunidad y presuntamente desplazando a 96 familias. Aunque las autoridades negaron su responsabilidad en los hechos y aseguraron que los vecinos se retiraron de sus viviendas voluntariamente.
Piden informe por uso de recursos
Los congresistas destacaron que el Congreso de los Estados Unidos ya había hecho énfasis sobre el uso de los jeeps donados que también se utilizaron para intimidar a la CICIG y a la embajada de los EE. UU. en 2018.
A su vez, solicitaron que el gobierno de Guatemala proporcione el paradero detallado a EE. UU. sobre el equipo donado, incluidos jeeps y otros vehículos para el uso de operaciones antinarcóticos, así como equipo como escáneres de huellas dactilares y programas de computo utilizados para identificar a activistas y líderes indígenas o de oposición política.
