El Ministerio Público (MP) informó que se giró una nueva orden de captura contra el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval por un caso que, según la fiscalía, se encuentra bajo reserva.
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En un comunicado la institución indicó que el caso denominado “Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad”, al que se vinculó al exfiscal se derivó de una investigación que llevó a cabo la Fiscalía de Asuntos Internos en seguimiento a una denuncia presentada.
“Se tienen adelantadas investigaciones” en las que se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz, añade el texto, en el que se especifica que la orden se dictó por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Guatemala.
Segunda orden de captura
Esta es la segunda orden de detención contra el ex fiscal, luego que el pasado 2 de septiembre se confirmó un primer caso contra Sandoval señalado por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.
La fiscal general, Consuelo Porras, acusó en ese momento a Sandoval “por denotar falta de transparencia en el incumplimiento del deber de informar o la posible contaminación de prueba”, señalando que no registró un caso que involucraría al presidente Alejandro Giammattei.
Cuando Porras destituyó a Sandoval el 23 de julio de este año, por el contrario, el exfiscal dijo que se le pidió no investigar a Giammattei sin el consentimiento de la fiscal Porras.
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Sandoval huyó de su país temiendo por su vida tras ser destituido.
Exfiscal señala manipulación de la ley
El exfiscal anticorrupción aseguró el pasado 7 de noviembre que el MP “manipula el sistema legal” con el fin de “estigmatizar” a las personas trabajadoras de la propia entidad.
“Porras está al frente de una estrategia para criminalizar y perseguir a todas las personas que han contribuido, por años, al fortalecimiento de la justicia y el combate a la corrupción e impunidad”, aseveró Sandoval.
Sandoval denunció que la Fiscalía es usada por las actuales autoridades “como un instrumento para criminalizar, estigmatizar y desprestigiar a quienes hemos investigado la corrupción en el país”.
