CC da trámite a apelación que busca revocar permiso a Sandra Torres

Sandra Torres
La Corte de Constitucionalidad dio trámite a una apelación que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
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La Corte de Constitucionalidad dio trámite a una apelación que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra de una resolución que permitiría que Sandra Torres pueda participar en actividades políticas con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La Corte requirió un informe circunstanciado a una Sala de Apelaciones para conocer los fundamentos  del amparo provisional que se otorgó a la excandidata presidencial.

Torres está acusada por no haber reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) casi Q6 millones de la campaña electoral de 2015.

Los magistrados Santos Sajbochol Gómez, Edwin Roberto Ruano Martínez y Harold Estuardo Ortiz Pérez, de la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvieron otorgar un amparo provisional a Torres.

También puedes ver: Sandra Torres podrá participar en actividades políticas

Jueza niega petición

Fue el pasado 23 de julio, que la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, negó la solicitud de Sandra Torres para participar en reuniones políticas.

En junio pasado, una Sala de Mayor Riesgo confirmó una resolución que la juez había dictado, en donde no accedió al cambio de medidas sustitutivas a favor de Torres para viajar al interior del país y participar en actividades políticas relacionadas al partido verde.

Torres presentó entonces una acción de inconstitucionalidad para que se revoque la decisión de la jueza que la procesó penalmente por financiamiento electoral no registrado.

Torres argumentó que cuando ocurrieron los hechos, en 2015, ese delito no existía.

Señalamientos

La fiscalía sostiene que Torres habría incurrido en delitos de tipo político, relacionados específicamente con el financiamiento de la UNE durante la campaña electoral que se desarrolló en 2015.

De esa cuenta, según la acusación, la excandidata habría permitido que el referido partido político recibiera dinero que no fue debidamente reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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