Jeanine Áñez, pasó de ser una senadora de derechas casi desconocida a convertirse en 2019 en presidenta interina de Bolivia en una sesión legislativa atípica tras la salida de Evo Morales. Con Biblia en mano juró recomponer el destino del país donde hoy está detenida por “sedición y terrorismo”.
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En noviembre de ese año, esta abogada de 53 años, ferviente opositora de Morales, prometió nuevas elecciones a la brevedad. Sin embargo fue un año después, tras el aplazamiento de dos elecciones y con la pandemia de coronavirus como telón de fondo, que dejó el poder en noviembre de 2020 tras la victoria de Luis Arce, del mismo partido de Morales.
Quien fuera la segunda mujer en la historia de Bolivia en alcanzar el cargo de presidenta, reconoció su derrota frente a los rivales de izquierda que un año antes creía que no volverían a recuperar el poder.
“Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”, dijo Áñez.
Pero hoy está detenida bajo cargos que se desprenden de una investigación por conspiración en un supuesto golpe de Estado que llevó a la sublevación de la Policía en medio de la convulsión social que terminó con la renuncia y posterior exilio de Evo Morales en noviembre de 2019.
“Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS [gobernante Movimiento Al Socialismo] me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, dijo Áñez en Twitter.
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Una semana de derrotas
La exmandataria, quien fuera también presentadora de televisión, residía en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noroeste), donde fue aprehendida por la policía al existir una orden firmada por dos fiscales de La Paz.
El domingo pasado Áñez había postulado a la gobernación del Beni en las elecciones locales, pero alcanzó el tercer puesto con el 13% de los votos.
Tras la derrota, sin detalles prometió que seguiría impulsando “las oportunidades y el bienestar para las familias benianas”.
Sin embargo el viernes, tan pronto se enteró de que pesaba sobre ella una orden de captura, dijo que era víctima de una mentira y justificó la “sucesión constitucional debido a un fraude electoral” de noviembre de 2019.
La presidencia
Áñez sumió la presidencia dos días después de que Morales, un amigo de Cuba y Venezuela, dimitiera, tras 14 años en el poder, en medio de una fuerte convulsión social, surgida tras las elecciones generales de un mes antes.
El entonces mandatario indígena se postulaba para un cuarto mandato hasta 2025, pero los opositores denunciaron que hizo fraude en esos comicios y demandaron la anulación de todo el proceso electoral.
Junto a Morales dimitieron su vicepresidente Álvaro García y los presidentes y primeros vicepresidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, todos oficialistas, y en la línea de sucesión constitucional.
La oposición de entonces arguyó que no podía haber vacío de poder y que le correspondía a Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumir el primer cargo del país.
Biblia, pandemia y arresto
Áñez entró a Palacio de Gobierno con una Biblia debajo del brazo y prometió que su única misión sería llamar a elecciones generales como manda la Constitución en un plazo de seis meses. Fue la segunda presidenta mujer de Bolivia, después de Lidia Gueiler (1979-1980), derrocada por un golpe militar.
Pero esta abogada y ferviente católica, madre de dos hijos adultos, que entre 2006 y 2008 integró la Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución, enfrentó de entrada revueltas populares de simpatizantes de Morales y se vio obligada a llamar a policías y militares a resguardar el orden.
El conflicto político causó unos 35 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a que había prometido sólo convocar a elecciones, anunció en enero de 2020 su candidatura a la presidencia, lo que generó la crítica de sus opositores e incluso de sus mismos aliados.
Llegó en marzo la pandemia en Bolivia y así una primera denuncia de corrupción en la adquisición de respiradores mecánicos españoles, por lo que Áñez responsabilizó a su ministro de Salud y lo destituyó.
En septiembre terminó por renunciar a postularse para las elecciones presidenciales ante unas encuestas que auguraban derrota segura detrás de Arce y los opositores.
Tras el retorno del MAS al poder, de la mano de Arce, la exdiputada Lidia Patty, presentó en diciembre ante la Fiscalía una demanda de investigación y denunció a Áñez, varios de sus ministros, exjefes militares y policiales, de haber cometido un golpe de estado.
La acusación es, legalmente, por sedición, terrorismo y conspiración.
