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Bancada UNE denuncia a magistrado que amparó a Sandra Torres

Sandra Torres, exsecretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), logró que se suspendiera la asamblea de la agrupación.

Por Jerson Ramos

Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron que se presentó un antejuicio por la suspensión de la asamblea del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En ese sentido, el congresista Óscar Argueta explicó que con la referida acción legal se busca que se establezca si el magistrado Wilmer Castellanos incurrió en un hecho ilegal.

El funcionario judicial amparó a Sandra Torres, exsecretaria general de la agrupación verde, con lo cual no se podrá realizar la reunión partidaria que se tenía programada.

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Según Argueta, Castellanos habría cometido delitos como:

  • Abuso de autoridad.
  • Resoluciones violatorias a la Constitución.
  • Cohecho pasivo.
  • Tráfico de influencias.
  • Prevaricato.

Además, explicó que la situación ya había sido conocida por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual había emitido un fallo al respecto:

“La CC nos dio la razón y le dice al señor –magistrado– que no tiene facultades de conocer –el caso–”.

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que los magistrados del Organismo Judicial (OJ) tienen derecho de antejuicio, por lo cual a todas las denuncias que se presentan en contra de cualquiera de ellos, no se les da un trámite común.

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Pelea por la UNE

Torres encabezó la UNE después de que concluyó el gobierno de Álvaro Colom Caballeros, propuesto como candidato presidencial en las elecciones generales de 2007 por esa agrupación política.

Además, fue aspirante a la primera magistratura en los comicios generales de 2015 y de 2019.

Después del último evento electoral en el cual participó, el Ministerio Público (MP) accionó legalmente en su contra para determinar su responsabilidad en el financiamiento irregular que recibió la UNE.

A causa de que fue enviada a guardar prisión preventiva, la dirigencia de la agrupación política estimó expulsarla del partido.

Ese hecho desencadenó una batalla legal para determinar quién sería el secretario general de la UNE, cargo que quedó en manos de Argueta.

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