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Vicepresidente apoya manifestaciones y pide vetar presupuesto

El vicepresidente, por escrito, le pidió al mandatario Alejandro Giammattei, vetar el decreto con que se aprobó el presupuesto para el próximo año.

El vicepresidente Guillermo Castillo, una vez más, utilizó una su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre un tema de interés nacional.

En 329 caracteres dijo compartir las demandas ciudadanas originadas por la apresurada aprobación del presupuesto para el próximo año.

Asimismo, informó que le pidió al presidente, Alejandro Giammattei, vetar el Decreto 33-2020, el cual fue aprobado ayer en el madrugada por el Congreso de la República.

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“Respetuosamente he solicitado por escrito al señor presidente que vete el decreto. Y que una instancia técnica de diversos sectores lo analice y sugiera las recomendaciones pertinentes”, escribió Castillo.

El presupuesto para el próximo año tiene un techo de Q99 mil 700 millones. Este se aprobó sin mayor discusión durante la noche del martes y la madrugada de ayer.

Manifestaciones ciudadanas

La aprobación del presupuesto ha generado una serie de críticas en contra del gobierno, así como en contra de las y los diputados.

Hoy, un grupo de personas llegó afuera del edificio del Congreso de la República para hacer una manifestación. Como parte de esta hubo quema de llantas.

La protesta se disolvió por un momento, pues el Ministerio de Gobernación (Mingob) envío a policías antimotines a dispersar la concentración.

Publinews estuvo en el lugar e hizo una transmisión en directo, en la se observa la represión en contra de quienes protestaban por la reciente aprobación del presupuesto.

Las personas también se manifestaban porque el Congreso buscaba conocer la iniciativa 5792, la cual propone una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) es la entidad que verifica su cumplimiento.

Sin embargo, el diputado de Podemos, José Alejandro de León, busca quitarle esa obligación a la PDH y en su lugar propone crear una oficina nacional de acceso a la información pública.

La nueva entidad quedaría bajo control de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso.

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