El exdiputado al Congreso y excandidato a la presidencia, Luis Fernando Pérez, continuará en prisión preventiva en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.
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Pérez está vinculado al caso conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”. Se le señala de los delitos: asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.
Durante una audiencia que se celebró este jueves, el expresidenciable pidió arresto domiciliario. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
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El argumento de la jueza es que recientemente incumplió con el permiso que tenía para permanecer en un centro hospitalario por supuestos quebrantos de salud.
Recordó que en abril de este año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) informó que Pérez había sido una de las personas que visitó al empresario Gustavo Alejos en un hospital, de la zona 2 capitalina.
La investigación refirió que Alejos aparentemente estaba negociando la forma en que se integrarían las nóminas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
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El caso
El grupo criminal en el que se vincula a Pérez inició en 2012, con el nombramiento del fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
Dicha estructura se puso en marcha por los cabecillas: Cándida Saraí Villavicencio Delgado, hija del exministro, y su esposo, Luis Fernando Pérez. No obstante, en esta participaron más de 50 personas, entre particulares y funcionarios.
Según las investigaciones, la red criminal “exploró” qué negocios se podían realizar en el Ministerio de Salud.
Los ámbitos identificados fueron: las compras de bienes y servicios, las contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos.
Pero dicha organización no pudo acceder a la compra de medicamentos, pues estaba “cubierta por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”.
De esta manera la estructura se concentró en:
- El cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- El cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios.
- La contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
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