La jueza Erika Aifán denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) una posible intención de obstaculizar su trabajo y vulnerar su independencia judicial.
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Según dijo, eso ha provocado retrasos en los casos asignados al Juzgado de Mayor Riesgo D y que involucran a personas particulares, empresarios y exfuncionarios.
En octubre del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció su labor y aseguró que la juzgadora es una “figura destacada en la lucha contra la impunidad en Guatemala”.
Protección por el Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre del año pasado pidió al Estado de Guatemala protección para Aifán, quien solicitó medidas cautelares.
En la comunicación se indicaba que desde que la jueza empezó a conocer casos de alto impacto había sido objeto de amenazas en su labor como profesional, así como en su vida personal.
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Carrera judicial
Aifán obtuvo el titulo de abogada y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue en 2002 cuando se convirtió en jueza.
Fue en el juzgado de Ixchiguán, San Marcos, en el que empezó su carrera en el Organismo Judicial (OJ). Después la trasladaron a Jutiapa, luego a Cuilapa, Santa Rosa y después a la capital.
El año pasado, se postuló como candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no obtuvo el voto de la mayoría de los comisionados para integrar la nómina final de aspirantes.
