El Juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de Erika Aifán llevó a cabo la audiencia en la que la defensa del exdiputado Armando Escribá pidió su arresto domiciliario.
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La jueza Aifán rechazó la solicitud, por lo que el exparlamentario seguirá en prisión preventiva por el caso Construcción y Corrupción fase 2.
El exdiputado será procesado por cuatro delitos en el caso antes mencionado, luego que el 12 de marzo pasado la jueza en mención lo ligara a proceso.
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Sobre el caso
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) acusa al excongresita de los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.
El señalamiento de la FECI determina que Escribá mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018.