El Congreso de la República y el Ministerio Público presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitudes de aclaración y ampliación para conocer mayores detalles del amparo otorgado al ente investigador con relación a la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ).
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El presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, señaló que la intención es poder tener mayor claridad acerca de la labor que deben realizar en el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones.
“Se remitió el recurso a la Corte y esperamos que ellos resuelvan para poder proseguir con el proceso”, dijo el parlamentario.
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El recurso fue planteado por el parlamento el pasado lunes. En tanto, se conoció hoy sobre el presentado por la fiscal general, Consuelo Porras.
Esto se da luego de que la semana pasada el máximo tribunal resolvió en definitiva a favor del ente investigador y conminó al Congreso a que elija a los candidatos idóneos para ocupar los cargos en el Organismo Judicial (OJ).
En el fallo se establece que los diputados, en el momento en el que designen a los candidatos para ocupar esos cargos, deberán votar a viva voz, ya sea a favor o en contra.
Asimismo, los magistrados resolvieron que se siga el proceso correspondiente y se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República para la elección de funcionarios de justicia.
Y resaltaron que parte de ello es que se trate de personas cuya idoneidad y honorabilidad no estén comprometidas.
En ese sentido, deberá excluirse del proceso a los profesionales que tengan algún proceso penal o investigaciones en su contra. También, sentencias condenatorias o procedimientos abreviados.
Fija plazos
La CC fijó plazos al Ministerio Público y al Congreso para darle cumplimiento a la resolución.
El ente investigador tiene diez días para remitir al Legislativo un informe circunstanciado sobre todos los profesionales que conforman las nóminas remitidas por las comisiones de postulación, en el que se indique si tienen alguna investigación penal.
Los diputados tendrán menos de un mes para conocer y analizar la información, convocar a sesión plenaria y realizar la elección de los nuevos magistrados.