El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron este viernes un operativo por medio del cual pretendían capturar al diputado Armando Escribá, implicado en el caso Construcción y Corrupción, pero no fue ubicado.
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Se llevaron a cabo tres diligencias de allanamiento en los municipios de Fraijanes y San Miguel Petapa y en la zona 14 de la ciudad de Guatemala.
Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La orden de captura en contra de Escribá fue girada por el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, por los delitos de fraude y concusión.
El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, explicó que el legislador no fue ubicado en ninguno de los tres inmuebles en donde se tenía información de que habitaba.
En ese sentido, detalló que por ahora están a expensas de tener nueva información o que, como el mismo parlamentario lo dijo ayer, que el caso debe discutirse en los tribunales, se espera que pueda presentarse ante la justicia.
Ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirarle la inmunidad a Escribá y que un Juzgado le dictó arraigo para que no pueda salir del país.
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Contrataciones millonarias irregulares
El jefe de la FECI explicó que Escribá está señalado en el caso Construcción y Corrupción, por supuestamente estar implicado en la adjudicación de contratos millonarios a entidades relacionadas con él.
Dio a conocer que de acuerdo con las investigaciones, se determinó que existía cierta vinculación del parlamentario con una persona señalada en esta causa, que es Jaime Aparicio.
“Al allanar una de las propiedades que tenían en común se pudo determinar información de dos sociedades”, refirió.
Por medio de documentación se pudo establecer que estas compañías obtuvieron contratos millonarios en el tiempo en el que Escribá fungió como funcionario en la Dirección General de Caminos y como director ejecutivo del área de Fideicomisos en el Ministerio de Comunicaciones.
Por ello se consideró que eran prácticamente autoadjudicaciones, expuso Sandoval.
“Se ve que hubo un interés porque está prohibido que un funcionario público se adjudique a sí mismo. Además, se observó que estas adjudicaciones ya iban dirigidas hacia esas entidades”, añadió.
El fiscal fue cuestionado acerca de los motivos por los que hubo cierto retardo en que se le despojara la inmunidad a Escribá, tomando en cuenta que ya la próxima semana dejaría de ser legislador porque no obtuvo su reelección y por lo tanto se quedaría sin derecho de antejuicio.
Señaló que en este caso ocurrió lo que generalmente se da en otros proceso de antejuicio, en donde los señalados plantean una serie de acciones legales para intentar frenarlos. Hubo, entre otras recursos planteados, recusaciones contra los magistrados de la CSJ.
