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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se pronunció con relación al arresto domiciliario concedido ayer por un juzgado a la excandidata presidencial Sandra Torres.
“Como bloque legislativo nos congratulamos con la resolución que permite recuperar la libertad a Torres. La mentira prevalece hasta que la verdad la alcanza”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.
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Torres, quien se encuentra procesada por su presunta implicación en un caso relacionado con irregularidades en el manejo de fondos del partido UNE, fue beneficiada por el Juzgado de Mayor Riesgo E.
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Este despacho, a cargo de Eva Recinos, tenía temporalmente asignado el caso por estar en período vacacional el Juzgado de Mayor Riesgo A, titular del proceso.
La audiencia de revisión de medidas de coerción se realizó un día antes de que la jueza contralora del caso retornara a sus labores y recibiera de nuevo el expediente judicial.
La judicatura “A” también tenía programado realizar esta diligencia el 17 de enero; sin embargo, Recinos adelantó la fecha para el 8 de enero.
El Ministerio Público (MP) accionó contra la decisión de fijar una fecha anterior a la que ya existía para conocer la petición de Torres de que se le concediera arresto domiciliario, pero el recurso todavía no ha sido resuelto.
Fianza de Q800 mil
La defensa de Sandra Torres argumentó durante la audiencia que no existía peligro de obstaculización a la acción penal si se permitía que la sindicada saliera de prisión.
Sus abogados destacaron que la Fiscalía ya había concluido el proceso investigativo, pues el pasado 13 de diciembre se hizo entrega al juzgado de la acusación formal.
Mientras tanto, el MP se opuso a que se le otorgaran medidas sustitutivas a Torres, por considerar que al estar en libertad podría influir en los testigos del caso.
Pese a ello, la jueza Recinos resolvió otorgarle el arresto domiciliario y fijó una caución económica de Q800 mil.
Torres, quien en dos ocasiones se ha postulado para ocupar la presidencia de la república, se encuentra ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
