El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, respondió a los integrantes de un sindicato de la institución, quienes por medio de un comunicado de prensa lo responsabilizaron de la crisis financiera que afronta su despacho.
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La nota del magistrado de Conciencia fue difundida por medio de la cuenta oficial de Twitter de la entidad y detalla:
"Que circula un comunicado del segundo sindicato de la PDH, en el que se continúa desinformando y lanzando ataques maliciosos, cual agentes internos de socavamiento institucional".
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#ComunicadoPDH | Por el respeto a la opinión pública, a las y los trabajadores de la Institución, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade con relación a la situación financiera, manifiesta: pic.twitter.com/GcVQl6qkD9
— PDH Guatemala (@PDHgt) December 29, 2019
Rodas también destacó:
- Que la agrupación sindical no es la de mayor representatividad dentro de la institución.
- Se trata de 19 trabajadores de la PDH que tendrían relación con grupos oscuros.
- La intención de sindicato señalado y del comunicado que fue difundido sería de causar "descrédito y manipulación".
- Que respeta el derecho de los trabajadores a conformar sindicatos y a sostener las reuniones que permitan desempeñar dichas garantías.
"Que tanto al interior de la institución como en forma pública, ha informado ampliamente sobre todos los pormenores de las acciones realizadas y la sustentación en ley de las mismas".
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Crisis financiera
Desde septiembre pasado el magistrado de Conciencia hizo público que no contaba con recursos para concluir el año.
Esa situación se materializó en diciembre y los trabajadores y funcionarios no podrían recibir sus respectivos salarios correspondientes al mes.
La nota del PDH señala que:
"El presupuesto aprobado es de Q120 millones, más otros Q10 millones de fuente externa, según el decreto legislativo 25-2018, el cual contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019".
Pero que el Congreso hizo una reducción de los fondos por medio del acuerdo legislativo 23-2018, cuya calidad es de menor jerarquía que la Ley de Presupuesto para 2019.
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