El diputado Julio Lainfiesta Rímola, vinculado por grupos sociales al denominado "Pacto de corruptos", se manifestó por medio de su cuenta personal de Twitter en contra de las acciones que el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, ha emprendido para recibir recursos financieros.
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Los comentarios que el congresista emitió en la referida red social son:
"Esta no es una 'carta de amor' como la que hacen algunos colegas, sino explica la realidad de lo que ocurre en la PDH. El Procurador NO cuidó su presupuesto y ahora se hace la víctima y pide más! Para ello debe realizar el trámite administrativo que en ley corresponde"
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Lainfiesta Rímola también compartió un tweet con el cual el Congreso publicó un comunicado en el que se señala que el procurador debe acudir a esa instancia y agotar el procedimiento administrativo.
Además, se refirió a la carta con la que 13 diputados de diferentes bancadas exigieron a la Comisión Permanente que se traslade de manera pronta el dinero a la PDH, el cual ya fue desembolsado por el Ministerio de Finanzas Públicas a la Comisión de Derechos Humanos.
El legislador es hermano del empresario Rodrigo Lainfiesta Rímola, quien fue investigado por el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el fraude en la construcción de la cárcel Fraijanes 2.
También fue una de las personas que se reunió con el excandidato presidencial Mario Estrada, detenido en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y a la planificación de crímenes en Guatemala. Mismo evento en el cual estuvo presente el mandatario Jimmy Morales.
Lainfiesta Rímola también logró su reelección para un nuevo período legislativo entre 39 de los diputados del denominado "Pacto de corruptos".
El congresista también fue uno de los 12 ponentes de la iniciativa de ley para la creación de una comisión que investigara los 12 años de trabajo de la extinta CICIG.
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Sin salarios en la PDH
Las gestiones que inició el titular de la PDH buscan que se le provea de recursos a la institución que dirige para cancelar los salarios correspondientes a diciembre.
Unos 740 trabajadores y funcionarios de la oficina de magistrado de Conciencia serían afectados.
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