El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunció este martes acerca de los señalamientos que hace el Ministerio Público (MP) contra los magistrados titulares por las irregularidades en el software de transmisión de datos utilizado en los comicios de este año.
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La Fiscalía presentó solicitudes de antejuicio contra los togados por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en el referido sistema.
Por medio de un comunicado, el órgano electoral señaló que es respetuoso de la institucionalidad y del estado de derecho en el país, y que seguirá con atención las acciones del ente investigador.
“El TSE asume por principio que las acciones del Ministerio Público deben ser objetivas y fundamentadas, garantizando el debido proceso”, se lee en el documento.
Asimismo, el tribunal aseguró que ha brindado toda la información requerida y seguirá contribuyendo con el proceso de investigación.
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E instó a las entidades del Estado y a los actores políticos y sociales a preservar la institucionalidad electoral en el país, pues consideró que es algo esencial para el ejercicio de la democracia.
Proceso transparente
El TSE reiteró en el comunicado que las Elecciones Generales 2019 se realizaron “conforme a estándares internacionales de integridad”.
De acuerdo con la entidad, esto fue certificado por varias misiones nacionales e internacionales de observación electoral, además del conteo rápido.
Se indicó que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sitrep) es un mecanismo implementado para brindar información pronta y transparente a la ciudadanía sobre la votación.
Sin embargo, no tiene ningún efecto legal sobre los resultados oficiales ni la adjudicación de cargos.
Ello tomando en cuenta que el sistema electoral guatemalteco se basa en el escrutinio de las actas físicas, que es la única fuente de resultados oficiales y definitivitos de la elección.
“Esta labor es realizada de manera transparente y legítima, en actos públicos, por ciudadanos que conforman las juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y departamentales. En todo el proceso participan fiscales de las organizaciones políticas”, refiere el pronunciamiento.
