Abogados piden al presidente Jimmy Morales vetar la Ley de Aceptación de Cargos

Por medio de un comunicado, un grupo de 43 abogados pidió al presidente Jimmy Morales vetar la Ley de Aceptación de Cargos, recién aprobada por el Congreso de la República.

La carta abierta dirigida al mandatario fue publicada en diferentes medios de comunicación este miércoles 27 de noviembre.

Los profesionales del derecho, entre quienes figuran excancilleres y exmagistrados, pidieron a Morales no sancionar el referido decreto, por medio del cual se aplicaron reformas al Código Procesal Penal.

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“Respetuosamente le pedimos a usted como Presidente constitucional de la República que, en el ejercicio que le confiere la Constitución Política, vete el decreto 10-2019 para que este vuelva al Congreso para su oportuna revisión”, detalla el documento.

Los cambios aprobados por el Legislativo permiten aplicar la reducción de penas de prisión hasta en un 50 por ciento a señalados de diferentes delitos.

Para ser beneficiados, los sindicados deberán aceptar su culpabilidad en cualquier fase del proceso penal.

El abogado Edgar Ortiz, uno de los firmantes, explicó que se busca hacerle ver al mandatario que esa normativa adolece de varios vicios de inconstitucionalidad y amenaza la justicia en Guatemala.

“Podría poner en peligro la aplicación de justicia, concretamente en delitos relacionados con temas de corrupción”, expresó.

Agregó que les preocupa algunos artículos de la ley y consideran plantear acciones legales en caso de que el gobernante la sancione.

Requiere mayor análisis

“Nos dirigimos a usted para exponerle nuestra preocupación por el decreto 10-2019. Coincidimos en que este es contrario a los intereses de la Nación porque, en los términos en que fue aprobado, desvirtúa e instrumentaliza la justicia premial”, detalla el comunicado.

De igual forma, resalta la importancia de que se discuta una reforma procesal penal para incorporar otras medidas de desjudicialización.

Ello tomando en cuenta que el citado decreto, en opinión de los profesionales, no reúne las condiciones mínimas de constitucionalidad ni se ajusta a los estándares internacionales en la materia.