El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales Guatemala dieron a conocer este sábado 23 de noviembre que el Estado de Guatemala ha realizado acciones con el objetivo de perjudicar a los trabajadores de las distintas áreas.
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En conferencia de prensa se explicó que existe una mala interpretación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se detallan las herramientas y los mecanismos que los países que integran dicha entidad deben desarrollar para garantizar el trabajo a tiempo parcial.
Además, se indicó que dicha normativa internacional "se diseñó para proteger a los trabajadores, no para bajar los salarios", según un comunicado de prensa que se difundió en la actividad.
Las agrupaciones sindicales también se manifestaron con relación al ajuste al salario mínimo para 2020, ante lo cual indicaron que hay "preocupación".
Se agregó que los delegados de las entidades trasladaron a las comisiones paritarias las propuestas de ajuste de salarios mínimos, pero que todavía no ha sido conocida ni discutida por los sectores que las integran.
Denunciaron que existiría "contubernio" entre las autoridades y los empresarios para que no se incremente el salario mínimo para los trabajadores en 2020.
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"Insistimos que en Guatemala, los sectores económicos tradicionales han logrado trasladar más de 3 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) desde 2001, que correspondía a los salarios, a las utilidades, dándose así, beneficios por más de US$2 mil 500 millones anuales en salarios no pagados".
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Estado intentó regular el Convenio 175 de la OIT
El gobierno de Jimmy Morales emitió el acuerdo gubernativo 89-2019, por medio del cual se regulaba el trabajo a tiempo parcial, principal tema del Convenio 175 de la OIT.
Sin embargo, sindicatos accionaron en contra de la normativa con el argumento de que no contenía el espíritu de la OIT en el referido tema, sino que se beneficiaría a los empresarios y, en contraparte, los trabajadores resultarían perjudicados.
La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó de forma provisional a los sindicalistas, con lo cual no entró en vigencia el acuerdo gubernativo.
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