El Ministerio Público (MP) respondió a los señalamientos hechos por la extitular de la institución, Thelma Aldana, contra la fiscal general, Consuelo Porras, acerca de no atender el caso de un supuesto atentado en su contra y, por el contrario, retirarle la seguridad.
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Aldana utilizó sus redes sociales para cuestionar el trabajo de Porras, pues indicó que al parecer, ella conocía sobre los planes que el excandidato presidencial, Mario Estrada, tenía para atacarla, pero no le advirtió ni investigó.
Por medio de un comunicado, el ente investigador aseguró que desde que se dieron a conocer los supuestos planes de Estrada para atentar contra la vida de varias personas se inició una investigación de oficio.
De igual forma, recordó que el proceso contra el guatemalteco se dilucida en los Estados de América, con relación a los cargos por los que fue detenido.
Además, el MP aseguró que existe una investigación en la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en la que se le da seguimiento a presuntas amenazas de las cuales ha sido víctima la exfiscal y su núcleo familiar.
“Las investigaciones están en curso, por lo que no se puede brindar más detalles”, detalla el comunicado.
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Seguridad para Aldana
La exfiscal general señaló en su publicación en Twitter que Porras, pese a tener información sobre que posiblemente iban a atentar contra su vida, no la previno y además violó la resolución de la CIDH al dejarla sin seguridad.
“¿Del lado de quién está?”, cuestionó Aldana, pues afirmó que la jefa del MP la persigue “con hechos falsos”.
Con relación al tema, el ente investigador expuso en el comunicado que durante la gestión de Porras se mantuvo el esquema de seguridad a la exfuncionaria y su familia.
Sin embargo, atendiendo las recomendaciones emitidas en septiembre pasado por la Contraloría General de Cuentas, se dejó sin efecto los acuerdos por medio de los cuales se le otorgaba seguridad.
El Ministerio Público, citando al ente fiscalizador, aclaró que la protección a Aldana deberá ser proporcionada por el Ministerio de Gobernación.
Y resaltó que mientras los funcionarios ejercen un cargo público, la institución de la que son parte debe brindar esa seguridad, pero al cesar el cargo corresponde a la cartera del Interior.
