La fiscal general, Consuelo Porras, se refirió este viernes a la independencia con la cual debe funcionar el Ministerio Público (MP), de acuerdo con lo establecido en la Constitución y leyes guatemaltecas.
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Sus declaraciones se dieron luego de que la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron que promoverán reformas a la ley orgánica de la institución para devolverle al presidente de la república la capacidad de remover del cargo al fiscal general.
En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que la ley del MP es un tema demasiado discutido constitucional y jurídicamente.
Y que hay “sobrada jurisprudencia” de la Corte de Constitucionalidad donde se ha reiterado la autonomía e independencia que desde la Constitución se confiere al MP para llevar a cabo su función de titular de la acción penal pública.
Lo cual, según sus palabras, incluye la dirección de la investigación criminal, ejercicio de persecución penal sin subordinación o interferencia de ningún tipo.
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Porras dio lectura a una serie de sentencias de la Corte de Constitucionalidad en donde se reitera que goza de independencia para el ejercicio de la investigación penal y persecución de delitos.
De acuerdo con la fiscal, el MP no está sujeto a directrices de autoridad alguna sobre la forma sobre cómo debe desarrollar sus funciones.
En ese sentido, no debe existir ninguna otra jerarquía con respecto a organismos del Estado, excepto la que se da dentro de la institución en sí.
En ese sentido, exhortó “a todos los guatemaltecos a defender la institucionalidad, independencia y autonomía del MP por constituir esta institución un pilar fundamental para la preservancia del estado constitucional de derecho”.
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Propuesta de la UNE
El bloque UNE adelantó esta semana que presentará una propuesta de reformas a la Ley Orgánica del MP relacionada con que existan mayores evaluaciones al fiscal general y ampliar las causas para su remoción.
Esto incluiría regresar al mandatario la facultad de remover al titular del MP, ello si en caso al evaluar su trabajo no llena las expectativas de persecución penal o administrativas.
Tras el pronunciamiento de Porras, el diputado de la bancada verde, Orlando Blanco, ponente de la propuesta, dijo que con las modificaciones no se busca interferir en la autonomía del Ministerio Público.
Añadió que pretenden es generar contrapeso para que la figura del fiscal general no se utilice para la persecución política.
“A nosotros nadie nos responde por qué se persiguen políticos y empresarios pero no al crimen organizado”, dijo Blanco.
Finalmente, el congresista manifestó que le llama la atención que gente del “pacto de corruptos” esté atacando la iniciativa.
