La fiscal general, Consuelo Porras, instruyó a un equipo de la institución para que realice un análisis del acuerdo emitido por el Congreso, por medio del cual crea una comisión específica de investigación para verificar el actuar de la CICIG.
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Este viernes fue publicado el referido acuerdo, en el cual se detallan las atribuciones que tendrán los diputados que integrarán la sala. En este se señala que las labores concluirán el 10 de enero de 2020.
En conferencia de prensa, Porras detalló que la verificación del acuerdo está a cargo de un equipo técnico conformado por personal de diferentes unidades de la institución.
Análisis técnico jurídico
Julio Cordón, Secretario de Política Criminal, dio a conocer que desde el primer momento en que se conoció en medios de comunicación la creación de la comisión del Congreso, Porras instruyó que las dependencias técnicas analizaran el tema.
Añadió que el proceso está a cargo de la Secretaría de Política Criminal, Fiscalía de Amparos, Fiscalía Amparos, Exhibición Personal y de Asuntos Constitucionales y el Departamento Jurídico.
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“Se trata de un análisis eminentemente técnico jurídico para determinar legalidad y constitucionalidad, y en todo caso siendo una institución jerárquica el informe será trasladado a la fiscal general para que sea ella quien tome la decisión final sobre la actuación final jurídica del MP”, detalló Cordón.
El documento será trasladado al Despacho Superior a inicios de la próxima semana o en el transcurso de esta.
Congreso busca ilegalidades
El Congreso acordó el pasado martes crear la comisión para investigar a la CICIG y hoy oficializó la decisión con la publicación del acuerdo correspondiente en el diario oficial.
En el documento se detalla que corresponderá a los diputados determinar la existencia de la comisión de acciones ilegales o arbitrarias por parte de la CICIG, que puedan haber atentado contra derechos de los habitantes de Guatemala.
Entre otras atribuciones, también se encargarán de hacer las consultas a los financistas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre los recursos otorgados y si hubo o no una rendición de cuentas durante los 12 años de su mandato.
