Durante la audiencia de primera declaración de Sandra Torres, excandidata a la presidencia por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Ministerio Público (MP) describió los hechos y los indicios por los cuales se le señala de supuestamente dirigir acciones para financiar de manera irregular a la referida agrupación.
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Según las investigaciones, los hechos se registraron en 2015, cuando Torres compitió por la primera magistratura. En esa ocasión habría permitido que a la UNE ingresaran siete aportes financieros los cuales no fueron registrados en el sistema contable que cada agrupación debía tener, de acuerdo con los controles que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) implementó.
El monto de los referidos aportes ascendió a Q5 millones 664 mil, los cuales se hicieron entre el 12 de abril y el 16 de julio de dicho año electoral.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) imputó a la exaspirante a la primera magistratura por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Además, el órgano encargado de la persecución penal describió los indicios que recopiló durante la investigación preliminar, los cuales suman 309 y que incluyen 100 escuchas telefónicas, documentos incautados en allanamientos y declaraciones de testigos.
Entre la personas que testificaron ante el MP destacan Carlos Menocal, exministro de Gobernación del gobierno del expresidente Álvaro Colom; Ronaldo Robles, exsecretario de Comunicación Social de la referida administración gubernamental; el empresario Raúl Osoy, procesado en el caso “Cooptación del Estado de Guatemala”; Sergio Roberto López Villatoro, alias “Rey del Tenis”, y su hermana Clara Guadalupe López Villatoro, ambos enfrentan a la justicia por el caso “Comisiones paralelas”.
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Rechazan petición
La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, rechazó una acción legal de la defensa de Torres con la cual se buscaba que el caso se tramitara por la vía administrativa y no por la vía penal.
Según la solicitud, el MP no podía investigar sin que el TSE o la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentaran una denuncia por una auditoría a la UNE que presentara irregularidades en el manejo de los recursos financieros.
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Domínguez dio valor a la argumentación de la Fiscalía que señaló que los hechos del caso surgieron de una investigación diferente y que no podían dejar de determinar los extremos del caso, según señala la ley interna de la institución.
