El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dictaminó que la excandidata a la presidencia Sandra Torres no amerita ser trasladada a un centro asistencial.
La defensa de la expresidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó a la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, que Torres fuera internada en un hospital privado por problemas de salud.
El especialista del Inacif determinó que no se requiere una hospitalización; sin embargo, recomendó practicar una nueva evaluación.
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Según el resultado de la evaluación médica del Inacif, Sandra Torres no amerita ser trasladada a un centro asistencial, pero se recomendó practicar una nueva evaluación. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/SJUlsrtkdG— PublinewsGT (@PublinewsGT) September 3, 2019
En Mariscal Zavala
La excandidata presidencial fue capturada este lunes señalada de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
Luego de ser presentada ante el referido juzgado, Torres fue enviada a Mariscal Zavala. Domínguez programó la audiencia de primera declaración para este viernes 6 de septiembre.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad señala a Torres por irregularidades en el financiamiento del partido verde durante la campaña electoral de 2015.
De acuerdo con las pesquisas, el partido no habría reportado al TSE más de Q27 millones.
Julio Solórzano, presidente del @TSEGuatemala indica que en el pleno resolverán sobre la inmunidad de @SandraTorresGUA a solicitud del juzgado. @PublinewsGT pic.twitter.com/AEXwZmpWct
— Álvaro Alay (@AAlay_PN) September 3, 2019
Sin inmunidad
El defensor de Torres argumentó ante la jueza que la excandidata aún gozaba de inmunidad porque el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha sido publicado en el diario oficial. Sin embargo, este martes, fuentes del tribunal confirmaron que ya no cuenta con derecho de antejuicio.
El magistrado presidente del TSE, Julio Solórzano, indicó, luego del acto de entrega de credenciales a los políticos electos, que se reunirían para resolver si la excandidata aún gozaba de inmunidad.
“Un juzgado de lo penal nos dio un plazo de cuatro horas para contestar algo relacionado con la inmunidad de la excandidata a la presidencia”, explicó Solórzano.