Un grupo integrado por excancilleres y exembajadores guatemaltecos se pronunció con relación al antejuicio promovido recientemente en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y consideró que es “improcedente”.
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Por medio de un comunicado, señalaron que el hecho de que pueda avanzar una acción de este tipo desbarataría el Estado de Derecho.
Explicaron que la CC fue creada para defender el orden constitucional de la república y goza de facultades para resolver impugnaciones que se le presenten sobre cualquier materia constitucional, incluyendo tratados, convenios y proyectos de ley.
En ese sentido, resaltaron que el recurso promovido contra los togados atenta contra la integridad del régimen jurídico-político y es riesgoso para la gobernabilidad democrática en un momento de incertidumbre política.
“Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son inapelables, vinculantes y de aplicación general. Quien las desobedezca transgrede el orden constitucional de la república”, cita el documento suscrito por cinco excancilleres y nueve exembajadores.
Denuncian a magistrados
La comisión permanente del Congreso de la República denunció el pasado 24 de julio a tres magistrados del máximo tribunal luego de que se emitiera una resolución que suspende la discusión de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
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Los legisladores señalan que el fallo de la CC “erosiona los cimientos de la república de Guatemala, al prohibirle a ese organismo una de sus atribuciones constitucionales, que es legislar.
En ese sentido, consideran que los togados Gloria Porras Escobar, Bonerge Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela habrían incurrido en ilegalidades.
Y les atribuyen los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Mientras tanto, los magistrados presentaron un memorial en la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual solicitaron que las acciones de antejuicio promovidas en su contra sean rechazadas.
El argumento para su requerimiento fue que la denuncia presentada por los diputados es “política, espuria e ilegítima”.
