MP responde a argumentos de la defensa de familiares del Presidente en caso Botín

A inicios de julio la Fiscalía solicitó a un Tribunal que se dicten penas de prisión en contra de los 25 acusados, las cuales van desde 1 año con 8 meses hasta 14 años.

Por Jerson Ramos

El fiscal Carlos de León, quien conoce el caso “Estado como botín: Registro General de la Propiedad”, hizo réplicas en contra de las argumentaciones de los abogados de la defensa.

Durante su intervención, De León enfatizó en la postura de la defensa de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, Jimmy Morales, respectivamente.

Afirmó que durante el debate, los familiares del mandatario presentaron pruebas que les fueron rechazadas en la etapa intermedia, entre ellas las canastas navideñas que fueron compradas de forma ilegal por el Registro General de la Propiedad (RGP).

De León señaló que Morales Cabrera contó “su verdad” en el juicio porque no fue acusado por esos hechos.

“Verdades, hay muchas. Hechos, aquí están documentados”, aseguró.

Posteriormente, el fiscal se refirió a los hechos relacionados con el otorgamiento de plazas fantasma en el RGP.

Piden penas de prisión

El pasado viernes 5 de julio el órgano encargado de la persecución penal solicitó al Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal que se dictaran penas de prisión en contra de los 25 acusados, las cuales van desde 1 año con 8 meses hasta 14 años.

Las sanciones requeridas en contra de los familiares del presidente son:

  • José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario, 8 años de prisión por Fraude en forma continuada.
  • Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano de Morales, 11 años de prisión por fraude y lavado de dinero.

Además, el MP solicitó al Tribunal que se impongan multas que van desde Q5 mil hasta Q179 mil 975.

Las penas pecuniarias más elevadas fueron solicitadas para:

  • Samuel Everardo Morales Cabrera, Q179 mil 933, al haber cometido el delito de lavado de dinero.
  • Mario Estuardo Orellana López, Q179 mil 975, correspondiente al delito de lavado de dinero.
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