Se inicia juicio contra exmagistrado que habría beneficiado a Baldetti

Gustavo Mendizábal habría negociado ocupar el principal cargo de la PGN.

Por Jerson Ramos

En el Tribunal Octavo de Sentencia Penal comenzó este viernes 12 de julio el juicio en contra de Gustavo Mendizábal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien habría buscado un beneficio para la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Mendizábal es acusado por el Ministerio Público (MP) y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría tratado de influir en sus compañeros de la CSJ de la administración 2009-2014 para que dicha instancia amparara de manera provisional a la exvicegobernante.

Al acusado se le había ofrecido ocupar el cargo al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) a cambio de que consiguiera el beneficio en favor de Baldetti.

La exvicemandataria buscaba que se dejara sin efecto una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de 2014, con la cual se cancelaba su inscripción como secretaria general del Partido Patriota (PP) –ahora desaparecido–.

Dicha resolución del TSE, contenida en el acuerdo 294/2014, también suspendía seis meses, contando desde septiembre del referido año, al PP y a sus integrantes se les prohibió participar en actividades política y de proselitismo.

"La investigación preliminar estableció que Mendizábal en octubre de ese año, aprovechándose de su posición de magistrado y de las relaciones personales derivadas de su ejercicio, actúo con el fin de influir sobre otros magistrados de la CSJ para favorecer a Baldetti y por ende a esa agrupación política", señala un comunicado de prensa elaborado por el MP y la CICIG.

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Situación de Baldetti

La exvicemandataria cumple una condena de 15 años con seis meses de prisión por el caso "Amatitlán", en el cual le declaró culpable de comprar un producto con el cual se simularía limpiar el lago de Amatitlán.

Por dicha adquisición el Estado erogó Q22.8 millones.

Además, enfrenta la justicia por el caso "RIC: una caja de pagos", en el cual se le señala por supuestamente utilizar el Registro de Información Catastral como una entidad para colocar a personas que apoyaron en la campaña electoral del PP de 2011.

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