El Juzgado de Mayor Riesgo B rechazó este jueves 11 de julio la libertad que solicitó la defensa del empresario Raúl Osoy, quien enfrenta la justicia por el caso "Cooptación del Estado de Guatemala".
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La decisión del juez Miguel Ángel Gálvez se fundamentó en que no es posible modificar las medidas de coerción dictadas en contra del señalado porque persisten los riesgos de que sea afectado el desarrollo del proceso.
Es decir que el juzgador consideró que si Osoy hubiese sido beneficiado con una medida sustitutiva a la de prisión preventiva que cumple, las investigaciones del caso podrían perjudicarse.
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Ante el juez Miguel Ángel Gálvez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo B se encuentra Raúl Osoy, procesado por el caso #CasoCooptaciónGt el sindicado junto a su defensa busca que le reformen los delitos por los cuales enfrenta a la justicia para optar a su libertad. pic.twitter.com/MKRdt7WAOA
— Omar Solís (@noel_solis) July 10, 2019
La legislación señala que una persona que enfrenta la justicia podría ser beneficiada con el arresto domiciliario si demuestra que:
- No perjudicaría las pesquisas por no influir en la obtención de indicios o en testigos.
- No huiría.
Gálvez manifestó que ninguno de los riesgos procesales fueron desvanecidos por Osoy ni por sus abogados defensores, por lo cual no varió su situación.
El juez también decidió no modificar los delitos por los cuales enfrenta la justicia, los cuales son:
- Asociación ilícita
- Lavado de dinero
- Cohecho activo; y
- Financiamiento electoral ilícito.
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Caso "Cooptación del Estado de Guatemala"
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) calificaron el caso "Cooptación del Estado de Guatemala" como la formación y operación de una "mega estructura" criminal de corrupción gubernamental.
Dicha red se creó durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP) y se habría aprovechado de las finanzas de diversas entidades públicas para beneficiar a financistas de campaña y empresarios.
Con las investigaciones se afirma que funcionarios de la administración de gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, respectivamente, recibieron sobornos.
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