El Juzgado de Mayor Riesgo D cerró el proceso penal en contra de Paulina Paiz y Olga Méndez por financiamiento electoral ilícito en favor del partido político Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación).
Ambas declararon en contra de varias personas sospechosas por realizar aportes financieros a la referida agrupación política en el proceso de elecciones de 2015 y fueron beneficiadas al ser convertidas en colaboradoras eficaces.
Paiz y Méndez hicieron constar a la jueza Erika Aifán que también cancelaron la reparación digna al Estado que les fue impuesta, consistente en Q343 mil, así como la impartición de cursos a otros empresarios para que conozcan sobre el delito de financiamiento electoral ilícito y eviten incurrir en dichas acciones.
Además, la empresa Novaservicios, vinculada a las colaboradoras eficaces, también canceló la reparación digna que se le impuso, la cual consistía en Q2.3 millones.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) afirmó a Aifán que Paiz y Méndez cumplieron con todos los requerimientos que les hicieron y que se documentaron en el acuerdo de colaboración eficaz.
El caso
Las investigaciones por supuesto financiamiento irregular al partido oficial se conocieron en agosto de 2017 y ya se agrupa a varias personas como sospechosas y que enfrentan la justicia.
Entre quienes figuran en el caso están los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, quienes de manera reciente fueron enviados a juicio por financiamiento electoral no reportado.
Además, las acciones del órgano o encargado de la persecución penal incluyeron una solicitud para retirar el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales, debido a sospechas en su contra por haber tenido conocimiento del ingreso de recursos financieros a FCN-Nación y no haber dado instrucciones para que se reportara al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Rodrigo Arenas y Andrés Botrán enfrentarán juicio por posible financiamiento ilícito a FCN-Nación
Las acciones contra el mandatario se iniciaron porque en 2015 él era el secretario general de la referida agrupación y la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que quien ostente dicha figura tiene la obligación de informar o dar instrucciones para que se hagan del conocimiento del TSE todos los aportes financieros.
