El Juzgado de Mayor Riesgo D cerró el proceso penal en contra de Paulina Paiz y Olga Méndez por financiamiento electoral ilícito en favor del partido político Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación).
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Ambas declararon en contra de varias personas sospechosas por realizar aportes financieros a la referida agrupación política en el proceso de elecciones de 2015 y fueron beneficiadas al ser convertidas en colaboradoras eficaces.
Paiz y Méndez hicieron constar a la jueza Erika Aifán que también cancelaron la reparación digna al Estado que les fue impuesta, consistente en Q343 mil, así como la impartición de cursos a otros empresarios para que conozcan sobre el delito de financiamiento electoral ilícito y eviten incurrir en dichas acciones.
Además, la empresa Novaservicios, vinculada a las colaboradoras eficaces, también canceló la reparación digna que se le impuso, la cual consistía en Q2.3 millones.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) afirmó a Aifán que Paiz y Méndez cumplieron con todos los requerimientos que les hicieron y que se documentaron en el acuerdo de colaboración eficaz.
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El caso
Las investigaciones por supuesto financiamiento irregular al partido oficial se conocieron en agosto de 2017 y ya se agrupa a varias personas como sospechosas y que enfrentan la justicia.
Entre quienes figuran en el caso están los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, quienes de manera reciente fueron enviados a juicio por financiamiento electoral no reportado.
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Además, las acciones del órgano o encargado de la persecución penal incluyeron una solicitud para retirar el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales, debido a sospechas en su contra por haber tenido conocimiento del ingreso de recursos financieros a FCN-Nación y no haber dado instrucciones para que se reportara al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las acciones contra el mandatario se iniciaron porque en 2015 él era el secretario general de la referida agrupación y la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que quien ostente dicha figura tiene la obligación de informar o dar instrucciones para que se hagan del conocimiento del TSE todos los aportes financieros.
